Milei y su hermana denunciados por desviar fondos de discapacidad
Una nueva denuncia penal fue presentada esta semana contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a su primo Eduardo Menem.
La acusación denuncia la existencia de una asociación ilícita para desviar fondos públicos a través de contratos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La demanda, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py en Buenos Aires, se presenta después de la revelación de una serie de audios. En las grabaciones, una voz identificada como Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y exabogado personal del presidente Milei, describe en detalle un presunto mecanismo de corrupción.
Según la acusación, el esquema involucraría a la Droguería Suizo Argentina S.A., una empresa farmacéutica vinculada a la familia del presidente de la Cámara de Diputados. El objetivo habría sido adjudicar contratos millonarios para la provisión de medicamentos sin seguir los procedimientos de licitación pública que exige la ley argentina. Los fondos afectados estaban destinados a programas de asistencia para aproximadamente 1.5 millones de personas con discapacidad en el país.
Antecedentes judiciales
Esta no es la primera vez que se presentan acusaciones similares. En agosto de 2024, un abogado presentó una denuncia basada en reportes periodísticos que revelaban contratos por 30 mil millones de pesos argentinos (aproximadamente 30 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la época) sin licitación pública a favor de la Droguería Suizo Argentina.
El denunciante relató que “todo lo aquí denunciado pone de relieve que la Agencia Nacional de Discapacidad omitió realizar los procedimientos legales para contratar con la droguería Suizo Argentina S.A.”. También que el presunto esquema de corrupción usó a la Andis “como vehículo para desviar fondos públicos que debían llegar a 1,5 millones de personas con discapacidad”.
Esa denuncia inicial, que apuntaba a los mismos funcionarios, fue archivada meses después por el juzgado a cargo por falta de pruebas suficientes. El caso había sido radicado en el Juzgado Federal número 11, que se encuentra vacante desde el fallecimiento de su juez titular en 2022.
Fuente: Telesur.
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