Justicia española culmina juicio a presos políticos catalanes acusados de golpe de Estado

El juicio contra doce líderes independentistas catalanes, presos y acusados de rebelión y golpe de Estado entre otros delitos por llevar a cabo las elecciones de un referéndum el 1 de octubre de 2017, quedó visto para sentencia tras 52 sesiones celebradas a lo largo de cuatro meses por un tribunal de España.

«El juicio queda visto para sentencia», proclamó el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal, después de que los doce acusados hicieran uso de sus últimos turnos de palabra, reseña la agencia Sputnik.

En la última sesión del juicio, los líderes independentistas rechazaron los cargos formulados en su contra y defendieron su actuación, alegando que fue la ejecución de un «mandato democrático».

Esto difiere de la interpretación de la Fiscalía, que unos días atrás, en la exposición de sus conclusiones, calificó como un «golpe de Estado» al proceso soberanista catalán. España es una monarquía parlamentaria. Los catalanes propugnan su deseo de ser una República y no un gobierno autonómico.

Los acusados con el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que afronta mayores penas de prisión en este juicio: 25 años de prisión; la vicepresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que afrontan una petición de 17 años por un delito de rebelión por parte de la Fiscalía y de 8 por sedición desde la Abogacía del Estado.

En un tercer grupo se sitúan Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa —todos ellos exintegrantes del Gobierno catalán—, que afrontan una petición de 16 años por rebelión y malversación por parte de la Fiscalía y de 12 por sedición desde la Abogacía del Estado.

Finalmente, otros tres exintegrantes del Gobierno catalán —Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó— afrontan penas por 7 años de prisión por malversación y desobediencia.

En su turno de palabra, Junqueras negó cualquier vinculación del independentismo con la violencia. Dijo que «votar no puede ser delito».

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores del Gobierno catalán, reprochó las acusaciones por intentar «castigar la ideología independentista». Defendió la convocatoria del referéndum porque, en opinión del Gobierno catalán, ante la «situación de conflicto» era necesario «poner los medios para que todo el mundo se pudiera expresar».

«Pese a que el 80% de los catalanes quieren votar, los poderes del Estado nos negaron los mecanismos para hacerlo», argumentó. «Con el Código Penal en la mano, hacer un referéndum no es delito».

Otros vendrán detrás

Además, los acusados reiteraron que sus convicciones políticas eran en realidad la causa del juicio. Incluso afirmaron que, sean o no condenados, una gran parte de la ciudadanía catalana seguirá buscando la república.

«Después de nosotros siempre vendrán más, no existen suficientes cárceles para frenar el anhelo de libertad de un pueblo, así de simple y así de trascendente», afirmó Josep Rull, exconsejero de Territorio del Gobierno catalán.

Claves:

• La sesión de este 12 de junio puso fin a un juicio iniciado el 12 de febrero, y que llevó a más de 400 personas a pasar por el Tribunal Supremo para prestar prueba testifical.
• En la lista de “testigos”, figura el destituido expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, varios de sus ministros y policías. Rajoy ordenó impedir las elecciones arremetiendo con los votantes durante el referéndum, pero nunca fue acusado de la represión que causó heridos.
• Las acusaciones por rebelión y sedición se basan en las grandes movilizaciones independentistas del 20 de septiembre de 2017 y del 1° de octubre, que fueron calificadas como «tumultuario» y «violento».
• La defensa rechaza de plano esa interpretación recordando que en las manifestaciones del 20 de septiembre, aunque varios coches de policía fueron vandalizados, no hubo heridos ni detenidos.
• Los centenares de heridos que se produjeron el 1° de octubre durante la operación policial para detener el referéndum, fueron fruto de una actuación irresponsable por parte de las autoridades españolas, expresó la defensa.
• En opinión de los abogados de los presos, ninguna de las acusaciones formuladas tiene fundamento a excepción de la referente a la desobediencia, un asunto sobre el que sí admitieron una posible comisión de irregularidades ya que el referéndum fue convocado desoyendo al Tribunal Constitucional. 
  

  

Por definir:

Las sesiones del juicio tuvieron un gran seguimiento, hasta el punto de que este miércoles se colocaron pantallas gigantes en distintos puntos de Cataluña para seguir los alegatos finales de los acusados.

En esas intervenciones, los acusados reiteraron su compromiso con la causa independentista, denunciaron una persecución ideológica, manifestaron su pesar por la situación de prisión preventiva de nueve de ellos y, finalmente, instaron al Tribunal Supremo a ser conscientes de la relevancia política de la sentencia que deben dictar.

«Ustedes tienen una oportunidad de decir cuáles son los límites derechos y libertades. La democracia se defiende con más democracia y los derechos con más derechos», dijo Jordi Sànchez dirigiéndose al tribunal, al que deseó «toda la luz» de cara a la redacción de la sentencia.

• La complejidad del caso y la extensión del juicio hacen que no se prevea la emisión de sentencia al menos hasta que termine el verano./JML