Día de los DDHH: Venezuela dejó atrás el Estado represor puntofijista y hoy garantiza justicia e igualdad
Cada 10 de diciembre, el mundo conmemora cuando las naciones en el año de 1948 se unieron para firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH), reconocimiento internacional que consagra que todos los seres humanos tienen derechos y libertades fundamentales. Pero desde ese año y a lo largo de todo el resto del siglo XX, en Venezuela los DDHH fueron violados sistemáticamente por un Estado dedicado a negar los derechos sociales, tanto en la dictadura militar que se instauró por una década como por la «democracia representativa» que gobernó a sangre y fuego contra los venezolanos durante 40 años, con una constitución de 1961 que fue promulgada en medio de la suspensión permanente de las garantías constitucionales.
Fue a finales de 1999, con la Constitución Bolivariana, la primera redactada y votada por el pueblo venezolano en referéndum histórico e inédito, que comenzó a ser transformado aquel Estado opresor para garantizar verdaderamente los derechos humanos de todos los sectores, en especial los más vulnerables en el país, que en el siglo XX fueron sistemáticamente violados por ese Estado policial, provocando un sistema injusto de impunidad y criminalidad social.
Qué son los DDHH:
Los derechos humanos son el resultado de luchas históricas y sociales por parte de aquellos grupos vulnerables por las grandes élites dominantes que controlan el poder económico y político. Venezuela no se aparta de esta trágica realidad que se vivió durante todo el siglo XX.
Con el triunfo y la llegada al poder del Comandante Hugo Chávez Frías en 1998, se inició un proceso constituyente para adecuar el marco constitucional e institucional y transformar el Estado burgués que existía, para sustituirlo progresivamente por uno de verdadero Estado Social y de Derecho que consagró la Constitución gracias a la Revolución Bolivariana.
A través de ella se impulsó el Socialismo del Siglo XXI que renovó la manera de gobernar en América Latina, estableció el nuevo concepto de Democracia Participativa y Protagónica, bajo los principios socialistas de igualdad, solidaridad y humanidad, y dignificó a los sectores menos favorecidos, históricamente ignorados y oprimidos por la extrema derecha que gozaba de groseros privilegios.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en su título III los derechos humanos y garantías, y de los deberes; ambos responden al avance progresivo y moderno de los derechos humanos.
El texto constitucional venezolano concibe, además, una estructura de cinco Poderes Públicos, que se adicionan a los tres clásicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y desde entonces el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, (éste último integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República).
Qué dice la ONU:
La Organización de Naciones Unidas (ONU) explica que en el centro de los derechos humanos se sitúan los principios de igualdad y no discriminación. La igualdad tiene el poder de ayudar a acabar con los ciclos de pobreza, puede ofrecer a los jóvenes de todo el mundo las mismas oportunidades, puede contribuir a promocionar el derecho a un medioambiente sano, puede ayudar a abordar las causas originarias de los conflictos y las crisis.
La igualdad y la no discriminación son claves para prevenir algunas de las mayores crisis globales de nuestra era, atendiendo a las demandas, eliminando las desigualdades y la exclusión y permitiendo que las personas participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas.
Las sociedades que protegen y promueven los derechos humanos para todo el mundo son sociedades más resilientes y sostenibles, están mejor capacitadas para capear crisis inesperadas como pandemias y las repercusiones de la crisis climática.
Qué ocurría en Venezuela en el siglo XX:
En el siglo pasado, Venezuela había suscrito y ratificado Pactos y Convenios Internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana de Derechos.
Sin embargo, no fueron suficientes para garantizar los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas debido a otro «pacto», el de Punto Fijo, con el que los Gobiernos de turno de la derecha, que históricamente se repartían el poder político en una curiosa «alternabilidad democrática» de solo dos partidos del mismo signo, establecieron una férrea represión y recortaban o negaban los derechos sociales de la población.
La mejor imagen gráfica de esta dramática realidad se publicó en un diario de circulación nacional, en enero de 1961, cuando se aprobó por el viejo Congreso la Carta Magna de entonces:
Ese mismo día entró en vigencia una constitución que no garantizaba ninguno de los derechos humanos consagrados, pues se mantenía en vigor la Suspensión de Garantías por decreto ejecutivo, avalada por el Parlamento. Para mejor impacto, el presidente de entonces, Rómulo Betancourt, ordenó unos meses antes a las fuerzas militares y policiales «disparar primero y averiguar después» a quienes se rebelaran o se manifestaran contra las decisiones del Ejecutivo Nacional, incluidos parlamentarios electos del antiguo Congreso Nacional, que supuestamente gozaban de «inmunidad constitucional» .
Allanamientos a liceos, centros educativos técnicos y universitarios, y sistemática invasión y ocupación policial y militar de la propia Universidad Central de Venezuela (UCV), dan cuenta histórica y prueba comunicacional en la hemeroteca del periodismo venezolano de aquellos años, cuando sus dueños no se habían vendido a los intereses del imperio hegemón norteamericano, como luego lo harían a comienzos de la primera década del XXI.
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Entonces, la llamada «gran prensa» venezolana denunciaba en forma disimulada o discreta (debido a la censura impuesta y la autocensura resultante), sobre las sistemáticas masacres colectivas, imposición de leyes inconstitucionales como la «Ley de Vagos y Maleantes», la suspensión frecuente de las garantías constitucionales, incluso de la libre expresión y de la vida misma, y la conducta de guerra total contra toda disidencia, que se registraron a lo largo del tiempo, especialmente durante los 40 últimos años donde la «democracia representativa» se ensañó contra los derechos sociales, económicos, culturales y de todo ámbito.
El desconocimiento de todo derecho humano se reflejaba incluso en la criminalización de toda expresión disidente, que llegaba a considerar subversiva la publicación de panfletos, propaganda o pinta de paredes con mensajes políticos no afines al del Gobierno de entonces. Los enfrentamientos policiales contra estudiantes eran frecuentes y no importaba la edad ni la condición, se justificaba toda acción represiva y se responsabilizaba de ello a los padres o representantes.
Más aún, en Venezuela hasta tener «palomas mensajeras» era un delito, y existía la pena de muerte «de hecho», publicada en la prensa sin tapujo alguno.
Pese a la flagrante violación sistemática y de política de Estado represor contra todas las libertades y DDHH en Venezuela, los Gobiernos de EE.UU. y de las «democracias occidentales» nunca solicitaron respeto a los derechos humanos ni a la vida del pueblo venezolano. Al contrario, respondían con respaldo automático y ayudas económicas, políticas y de diversa índole a los Gobiernos de turno, y ningún organismo internacional de DDHH se atrevió a pronunciarse en contra del genocidio y la represión cometidas históricamente.
Eran tiempos sin «sanciones» ni bloqueos a Venezuela, por una solidaridad ideológica permanente desde el régimen imperial que gobierna a EE.UU. a aquellos estados represores y violadores de DDHH del siglo pasado, como lo fue Venezuela, que obedecían sin cuestionar las órdenes de Washington.
Caracazo: la madre de las violaciones de los DDHH en la cuarta república
La última gran violación pública y comunicacional de los DDHH de los venezolanos y venezolanas se produjo el 27 de febrero de 1989, cuando estalló en Guarenas, estado Miranda, una Rebelión Popular social contra el Gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez (CAP), que éste apagó a sangre y fuego, para imponer en Venezuela las medidas neoliberales y criminales recomendadas por el nefasto organismo denominado como Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este estallido social espontáneo, más conocido como “El Caracazo”, «El Sacudón» o «El día que bajaron los cerros», y la posterior represión con uso de armas de guerra contra el pueblo, se extendió a las principales ciudades del país, como La Guaira (antigua Vargas), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Maracaibo (Zulia), San Cristóbal (Táchira), Puerto La Cruz y Anaco (Anzoátegui), Cumaná (Sucre), Barinas (Barinas) y Ciudad Guayana (Bolívar).
Para la época el 62 % de la población de Venezuela estaba sumida en la pobreza extrema.
De esta explosión popular, 32 años después, se desconoce la cifra exacta de muertos, heridos y desaparecidos.
A ese estallido social el Comandante Hugo Chávez lo calificó el 27 de febrero del año 2010 como “la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”.
Logros de DDHH en la Venezuela Bolivariana
En 1998, cuando el Comandante Hugo Chávez fue elegido de forma avasalladora por el pueblo en elecciones, solo entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, casi 10 años después de la masacre del Caracazo, ordenó al «Estado venezolano» que comenzaba a presidir el líder revolucionario, a indemnizar a familiares de 45 personas. Éstas fueron asesinadas por el Gobierno de CAP durante la revuelta social, algo que no mencionaba la sentencia.
El Comandante Chávez no se amilanó, y aprovechó esta sorpresiva sentencia para reconocer la responsabilidad del Estado venezolano, asimismo, en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
Desde la Presidencia, Chávez refundó la República, reconoció la deuda social acumulada por los Gobiernos del puntofijismo adeco-copeyano, firmó leyes y decretos que otorgaban beneficios al pueblo más humilde y transformó las antiguas fuerzas armadas en un cuerpo castrense Bolivariano al servicio del pueblo venezolano.
Entre muchas conquistas sociales y económicas, se instauró un sistema de Misiones Socialistas para la atención en salud, educación, cultural, deportivo y social; impulsó la homologación constitucional del salario mínimo al pago de las pensiones; restauró las prestaciones sociales de los trabajadores; creó casas de alimentación en barrios, creó Misiones para distribuir alimentos a precios justos o subsidios, y educativas, para dar facilidades y oportunidades a quienes nunca pudieron estudiar, logrando erradicar el analfabetismo. En 2005, Venezuela fue reconocida por la UNESCO como un territorio libre de analfabetismo.
Ante las tragedias naturales que arremetieron en los primeros años contra los humildes barrios que crecieron desordenadamente en más de un siglo por inacción y falta total de políticas sociales de Estado, Chávez creó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), una herramienta inédita, sin precedentes, para garantizarle el derecho constitucional a las familias de un techo digno y propio.
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Desde 2013, el presidente Nicolás Maduro, en la continuación del Gobierno construido por Chávez, preservó el legado expandiendo las Misiones en Grandes Misiones, creando además nuevos programas, como la Misión Amor Mayor que garantiza la pensión al 100% de los adultos mayores que son beneficiarios, entre otros planes socialistas.
Además creó las Bases de Misiones Socialistas, y lanzó el Carnet de la Patria como una herramienta tecnológica con código QR con el que atiende a más de 6 millones de familias, entregándole mercados de alimentos, bonos y atención directa, que se extiende a más de 19 millones de personas inscritas en el Sistema Patria, plataforma digital con diversas prestaciones, la más usada y consultada en Venezuela.
Y con la GMVV, en plena pandemia mundial del Coronavirus, Venezuela es el único país que entrega techo a las familias, alcanzando el hito 3 millones 800 mil y contando, rumbo a la meta de 5 millones o más en 2025.
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La Revolución Bolivariana mantiene en ejercicio la escala de principios y valores, amor al prójimo, la solidaridad, la humanidad y la paz de los venezolanos y venezolanas, pese a la propaganda mediática mundial que con medias-verdades, mentiras y embustes descarados, busca erosionar la imagen e integridad de los venezolanos, y en especial de aquellos que decidieron migrar a otras naciones, engañados por la trampa diseñada para hacerles creer que fuera de su Patria serían bienvenidos y vivirían mejor.
Esta situación ha sido denunciada globalmente por el Gobierno Bolivariano, y con el Plan Vuelta a la Patria ha logrado ayudar a retornar gratuitamente, por vía aérea, marítima o terrestre, a miles de connacionales que tardíamente reconocieron el engaño mediático en el que cayeron como «carne de cañón».
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Durante las violentas manifestaciones insurreccionales de la derecha extrema, que dejaron luto en familias y daños patrimoniales y económicos, desde el mismo golpe de Estado de 2002, los paros-sabotajes contra PDVSA, los campamentos clandestinos de mercenarios colombianos en Caracas, las guarimbas mortales, los magnicidios frustrados y las invasiones marítimas armadas fracasadas desde Colombia y otras naciones, en Venezuela nunca se suspendieron las garantías constitucionales. Se obró respetando los DDHH de los asesinos y traidores y con absoluta imparcialidad en los juicios contra los enemigos de la Patria.
Paradójicamente, las autoridades municipales de la oposición que fueron favorecidas en elecciones convocadas legalmente por el CNE, fueron quienes -curiosamente- decretaron de facto la suspensión de garantías y toques de queda, en las urbanizaciones y zonas donde gobernaban como Alcaldes de la derecha extremista y contrarrevolucionaria, y en los que se permitieron todo tipo de desmanes, incluyendo la quema de personas vivas.
La derecha nacional, sin estar en el poder político, hizo del golpismo, la violencia y la violación de derechos humanos sus características principales. A diferencia del siglo XX, cuando la prensa estaba amordazada y autocensurada, en la primera década del 2000 contaron con una mediática a sus órdenes, que incluso dejó de percibir ingresos por publicidad (en prensa escrita, radio y TV) para dedicarse a mentir para derrocar el Gobierno Constitucional del presidente Chávez. Los titulares son evidencia gráfica y comunicacional de los delitos en que incurrió, manchando el periodismo venezolano.
También paradójicamente, la derecha política nacional e internacional llegó a demandar al Estado Bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI), con informes brutalmente sesgados para lograr una condena por delitos de lesa humanidad. La acción abiertamente antipatria, se encontró con la firme defensa de los DDHH del Gobierno Nacional, que envió reportes debidamente soportados al fiscal de la CPI. Tras varios meses de intercambio jurídico, cursó invitación oficial al actual encargado del ente, Karim Khan, para trabajar conjuntamente con el Gobierno de Venezuela, en pleno respeto del principio de complementariedad positiva y bajo el estatuto de Roma.
Las decepciones de la derecha extremista se evidenciaron luego que Khan, al firmar el Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y la CPI, efectuada el 3 de noviembre en el Palacio de Miraflores de Caracas con el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los sectores oposicionistas a no politizar el trabajo que desarrollará junto con el Gobierno venezolano.
Hizo énfasis de conocer la realidad del país, así como también llamó a avanzar a la nueva fase junto a su equipo de trabajo que se encuentra en su despacho. “Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho”, afirmó.
La máxima autoridad del CPI recordó que Venezuela firmó el estatuto de Roma el pasado 7 de julio del 2000, y dentro de su Constitución enaltece los principios y valores. “Esta Corte es de ustedes, y según la Constitución de Venezuela esta Corte forma parte de los valores y principios que están arraigados en el suelo de este país”, sostuvo.
Preservando derechos y la salud de todos en Pandemia mundial:
Desde 2020, cuando se decretó la alarma sanitaria mundial por la COVID-19, Venezuela ha logrado proteger en forma profesional, médica y gratuita a su población, disminuyendo los casos de contagios y víctimas mortales, pese al bloqueo para que no llegaran las vacunas, ni medicinas, ni insumos. Gracias a la Diplomacia Bolivariana de Paz, las naciones aliadas como Rusia, China, Cuba y otras, siguen respaldando el derecho a la vida del pueblo venezolano.
Y Venezuela sigue resistiendo, en medio de la criminal arremetida imperial contra la economía del país, los derechos humanos y contra la vida misma de los habitantes, que buscó y sigue buscando asfixiar a los venezolanos y venezolanas desde 2015, cuando uno de los emperadores de EE.UU. se atrevió a declarar a la Patria Antiimperialista que legó Bolívar como «una amenaza inusual y extraordinaria».
Fuentes:
https://www.paho.org/es/campanas/dia-derechos-humanos-10-diciembre-2021
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Human-Rights-Day-2021.aspx
https://www.vtv.gob.ve/caracazo-febrero271989-venezuela/
VTV/Ora/maye
