Candidato clave en las legislativas de Argentina es investigado por narcotráfico

José Luis Espert, economista y candidato clave de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, admitió haber recibido US$200 mil en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario hoy detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos (EE. UU.) por causas de narcotráfico, fraude y lavado.

Espert sostiene que fue un servicio de consultoría para una firma vinculada a Machado y que todo fue legal y declarado; la controversia se agrava por registros de vuelos en aeronaves asociadas a Machado. El caso estalla a semanas de las legislativas del 26 de octubre, donde Buenos Aires es el distrito decisivo, y en medio de reveses para el oficialismo tras nuevas anulaciones de vetos de Milei en universidades y salud pediátrica. Con la campaña en su tramo final, el episodio pone en tensión a la estrategia de Milei para consolidar bancas y coloca a Espert bajo escrutinio judicial y mediático.

¿Qué se sabe del dinero? Hechos verificados 

La pieza central del caso es un pago de US$200 mil realizado en 2020 a favor de José Luis Espert, cuya procedencia se vincula a empresas asociadas a Federico “Fred” Machado. En registros periodísticos y judiciales aparece la trazabilidad básica: fecha, monto y vínculo societario del pagador. Hasta ahora, lo que se conoce públicamente no indica que el dinero haya sido registrado como aporte de campaña de ese año, sino como contraprestación privada.

Espert sostiene que se trató de una consultoría profesional para una firma ligada a Machado, legal y declarada ante los organismos correspondientes. Su equipo remarca que el pago no financió actividades electorales y que, por tanto, cae fuera del régimen de aportes partidarios. La defensa agrega que emitió facturación por servicios, y que cualquier inferencia de financiamiento político carece de soporte documental.

En paralelo, quedaron mencionados vuelos en aeronaves asociadas a Machado y gestos de apoyo logístico de ese entorno empresarial. La lectura acusatoria es que esos beneficios “en especie” podrían configurar aportes indirectos; la defensa replica que no existe prueba contable de que hayan sido gastos de campaña ni hubo contraprestaciones políticas. Este es hoy el núcleo: monto y origen están acreditados, pero la naturaleza del pago (servicio privado vs. aporte político) es la línea divisoria que determinará el encuadre legal.

Denuncia y el frente judicial

La denuncia penal fue presentada por el candidato a la Cámara de Diputados de Argentina, Juan Grabois,  y quedó radicada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli. El escrito acusa a José Luis Espert de haber recibido al menos US$200 mil de Federico “Fred” Machado, hoy investigado por narcotráfico, y cita documentación originada en la Fiscalía del Distrito Este de Texas (EE. UU.) como sustento probatorio inicial. La causa podría acumularse con un expediente abierto en Comodoro Py (2021), decisión que evaluarán los tribunales competentes en los próximos días.

En paralelo, el cuadro de Machado agrega presión al caso: está detenido en Argentina con pedido de extradición de EE. UU. por narcotráfico, fraude y lavado, según reseñas judiciales y periodísticas. Dentro del expediente mediático se registran, además, vuelos de Espert en aeronaves asociadas a Machado, extremo que el propio diputado reconoció públicamente al defender que el vínculo fue de consultoría privada legal y declarada.

Procesalmente, el juzgado podría disponer medidas de prueba (oficios a bancos y AFIP, pedidos de información a EE. UU., pericias contables) y eventuales citaciones a testigos y a los involucrados. Hasta que haya resolución, rige la presunción de inocencia; lo central será determinar si el pago y los beneficios conexos encuadran como servicios profesionales privados —como sostiene Espert— o si existió aporte de campaña o delito precedente que justifique un reproche penal. El calendario electoral añade urgencia, pero no modifica los estándares probatorios que la justicia debe aplicar.

Impacto político: Milei, la lista bonaerense y el Congreso  

En plena recta final, hacia el 26 de octubre, el caso golpea el corazón electoral del oficialismo: Buenos Aires provincia, donde se eligen 35 bancas y donde Espert es la cara más visible de La Libertad Avanza. La denuncia por los US$200 mil de Fred Machado, sumada a los reportes sobre vuelos y apoyos logísticos del empresario, convierte a Espert en un flanco vulnerable y obliga al comando de campaña a dedicar tiempo y narrativa a la contención de daños en el distrito clave.

El ruido judicial llega, además, cuando el Congreso acaba de propinarle a Milei dos golpes simbólicos: el Senado y Diputados revirtieron sus vetos a leyes de financiación universitaria y emergencia pediátrica, al exhibir la fragilidad parlamentaria del Gobierno a semanas de los comicios. Esa foto—veto overrides con amplias mayorías—se mezcla con el escándalo Espert y alimenta el marco de “oficialismo a la defensiva” que la oposición explota en campaña.

En términos prácticos, el oficialismo debe decidir si dobla la apuesta para sostener a Espert como cabeza de lista con un relato de “consultoría legal”, o si abre válvulas de alivio (reordenamientos internos, vocerías técnicas, mayor foco en agenda económica) para evitar que el tema contamine el voto moderado. Por su parte, la oposición ya usa el caso para erosionar credibilidad y asociarlo a la secuencia de tropiezos legislativos del Ejecutivo, con el fin de mover intención de voto en el conurbano y en los cordones donde se define la elección.

Qué dicen las normas: financiamiento y transparencia

En Argentina, el financiamiento de la política se rige por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y normas complementarias de la Cámara Nacional Electoral (CNE). En campaña, los aportes pueden ser públicos (fondos estatales) o privados (personas humanas y, con límites, personas jurídicas), con prohibiciones claras: por ejemplo, origen extranjero estatal, empresas concesionarias de servicios públicos o donaciones anónimas por encima de mínimos. Además, toda donación en especie (traslados aéreos, logística, servicios) debe valuarse a precio de mercado e incorporarse a los informes.

La diferencia clave en casos como este es qué naturaleza tuvo el pago: si fue servicio profesional privado (con factura, impuestos y sin destino electoral) o si constituyó, en los hechos, un aporte de campaña (dinero o beneficios destinados a proselitismo). Si es lo primero, se analiza como relación comercial; si es lo segundo, entra al régimen de aportes con tope, declaración obligatoria, identificación del donante y rendición ante la CNE. Cuando hay beneficios “en especie” (p. ej., vuelos), la regla es registrarlos con su valor económico y justificar su uso electoral.

Si la justicia presume origen ilícito del dinero (delito precedente) u ocultamiento del destino, el asunto trasciende lo electoral y puede rozar figuras como lavado de activos, aportes prohibidos o falsedad en documentación. En paralelo, en el plano administrativo, la CNE puede aplicar multas, rechazo de rendiciones o pérdida de aportes públicos. En síntesis: el encuadre legal depende de pruebas contables (facturas, contratos, registros bancarios) y de si el flujo—sea dinero o “en especie”—financió efectivamente la campaña o fue consultoría privada ajena al proceso electoral.

Conclusión

A días del 26 de octubre, el caso Espert mezcla hechos comprobables —el pago de US$200 mil en 2020 y la relación profesional con Federico “Fred” Machado, hoy detenido y con pedido de extradición— con definiciones aún pendientes: si ese flujo y los beneficios conexos (como vuelos) financiaron campaña o fueron servicios privados ajenos al proselitismo. La diferencia no es semántica: cambia el encuadre legal (régimen de aportes, eventuales prohibiciones) y la lectura política (transparencia, trazabilidad).

Mientras la justicia avanza con pericias, oficios y testimonios, el oficialismo enfrenta el costo de oportunidad de defender a su cabeza de lista en el distrito más competitivo del país, justo cuando necesita ordenar mensaje económico y mostrar músculo legislativo tras reveses recientes. Para el lector/ciudadano, el criterio es simple: ¿hubo destino electoral? ¿Se valuó y reportó todo lo “en especie”? ¿Se ajusta a prohibiciones y topes? De esas respuestas dependerá si el caso queda en tormenta de campaña o escala a quiebre reputacional con efectos en urnas y en tribunales.

Fuente: Medios Internacionales 

VTV/DR/DS