Corte Suprema de EE. UU. autoriza a Trump revocar estatus legal de migrantes
La Corte Suprema de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para revocar el estatus legal temporal de más de 532 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión, respaldada por una mayoría de magistrados, contó únicamente con dos votos en contra, emitidos por Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor.
La medida se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump, quien busca acelerar la deportación masiva de extranjeros con el respaldo de la justicia. En el centro del fallo está la eliminación del programa de «libertad condicional humanitaria» (parole), un mecanismo implementado por el Gobierno anterior que permitía a ciertos migrantes trabajar en el país si contaban con un patrocinador.
El fallo revierte una decisión previa de la jueza Indira Talwani, quien en abril había bloqueado las expulsiones aceleradas al considerar que la ley de migración protegía a quienes habían sido autorizados a permanecer legalmente. Con esta nueva resolución, la Corte Suprema elimina la obligación de evaluar cada caso individualmente; esto permite la revocación masiva del estatus legal de los afectados.
Aunque el fallo es de carácter temporal, está a la espera de una decisión definitiva de una corte de apelaciones. No obstante, su impacto es inmediato y se suma a otra reciente resolución que permite eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de aproximadamente 350 mil venezolanos. Ambas medidas representan un avance significativo en el plan migratorio del mandatario estadounidense.
La magistrada Ketanji Brown Jackson alertó sobre las consecuencias de la decisión, al advertir que cientos de miles de migrantes enfrentan ahora dos escenarios críticos: abandonar EE. UU. y exponerse a la violencia y la separación familiar, o permanecer en el país con el riesgo de una expulsión inminente.
El Gobierno de Trump insiste en que la eliminación de estos permisos responde a la necesidad de «recuperar el control de las fronteras», aunque analistas sostienen que detrás de esta política hay una estrategia de exclusión con especial impacto sobre comunidades latinoamericanas y caribeñas.
La Corte Suprema ha intervenido en otras decisiones migratorias recientes. En abril bloqueó la deportación sumaria de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por la administración para justificar expulsiones vinculadas al grupo “Tren de Aragua”. Sin embargo, la mayoría de los fallos judiciales han favorecido la agenda migratoria del presidente Trump.
Fuente: Telesur
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