Sundde desplegó equipo de fiscales en cadenas de supermercados en Anzoátegui

Con el fin de garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios a precios justos, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), realizó un recorrido de inspección en varios comercios del estado Anzoátegui.

Durante el procedimiento, el viceministro de Políticas de Compra y Contenido Nacional del Ministerio de Comercio Nacional, Daniel Gómez acotó la intención es buscar equilibrios económicos y no cerrar locales, «aquí vinimos a buscar equilibrios entre la función productiva y comercial y también defendiendo los derechos del pueblo a acceder a los productos necesarios para su vida».

Un equipo de fiscales en compañía del Viceministro de Comercio Nacional, Daniel Gómez y el Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Sundde Elío Córdova, evidenciaron precios excesivos en productos como el arroz, harina de maíz precocida, granos, cortes de carne, sardina enlatada, aceite vegetal y salsa de tomate, entre otros rubros de los contentivos en los 27 priorizados.

En ese sentido, se presume que entre los comercios fiscalizados, los supermercados Hiperlider Barcelona y Meditotal se encontraban incurriendo en el presunto delito de especulación, superando el margen de ganancia establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), por lo que en consecuencia fueron ajustados los costos de los alimentos.

Por otra parte, fue inspeccionada la red de farmacias Farmatodo y la cadena de supermercados Unicasa, donde los funcionarios del ente regulador de precios tomaron de manera aleatoria varios rubros alimenticios, de higiene personal y farmacéutico para su verificación en base a la tasa cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), donde no se evidenció ningún delito.

Dichos comercios fueron exhortados a cumplir con las normas de bioseguridad, promoviendo el distanciamiento saludable y el uso de los insumos necesarios para los trabajadores, con el fin de evitar la propagación de la COVID-19.

La inspección contó con la participación del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y la Policía Municipal.