Subcomisión de DD. HH. investigará denuncia sobre desalojo de empresa en Lara
La Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) investigará las denuncias del diputado Ángel Ocanto Azuaje acerca del desalojo de la empresa Maxiplas C.A., ubicada en Barquisimeto, estado Lara, por parte de una juez de la Circunscripción Judicial Civil de esa entidad territorial.
De acuerdo a la información publicada en la página web de la AN, el parlamentario, miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, formalizó la denuncia alegando que se trata de una acción arbitraria debido a que la empresa cumplía con todos los requisitos legales para su funcionamiento.
Señaló que la empresa Maxiplas operaba apegada a las leyes con todos sus permisos. Explicó que esta creció a través de un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), posee empleados y es útil al país.
En tal sentido, solicitó al plenario abrir una investigación contra la Circunscripción Judicial Civil de los estados Lara y Aragua, a objeto de que se esclarezcan las razones de tal procedimiento. Dijo poseer las pruebas que demuestran la falsedad con la que se ejecutó la acción legal en detrimento de la referida empresa.
Por su parte, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, instó al parlamentario a remitir el caso a la Comisión Permanente de Política Interior con las pruebas correspondientes para que se inicie la investigación a través de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos, a los fines de que la Plenaria pueda considerar los resultados de la misma.
De igual manera, la máxima autoridad del Legislativo expresó que el proceso de Revolución Judicial, iniciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, va en serio y se lleva a cabo en profundidad. Recordó que la prueba fehaciente de ello son las 10 leyes aprobadas en materia de derechos humanos, garantías constitucionales, la reforma del Poder Judicial, la Reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, y todas aquellas responsabilidades y prerrogativas que se otorgaron a la Inspectoría General de Tribunales y a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
VTV/FB/ADN
