Gobierno de España fija para el 10 de junio la exhumación definitiva del dictador Franco
El Ejecutivo del presidente español Pedro Sánchez decidió este viernes exhumar del Valle de los Caídos el cadáver del dictador Francisco Franco el próximo 10 de junio.
La decisión, tomada en el Consejo de Ministros, también resuelve que los restos serán trasladados al cementerio de El Pardo, que es de titularidad estatal, informa RT.
Así, según comunicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, determinaron hacer frente a la postura de la familia Franco, la cual no ofrecía ninguna alternativa viable, toda vez que habían anunciado que solo aceptarían el traslado de los restos a la catedral de la Almudena, en el centro de la capital española.
La pretensión de la familia fue rechazada por considerarla inviable por cuestiones de seguridad y orden público, por lo que se les concedió un plazo de 15 días para que indicaran otro lugar. El plazo venció este lunes, sin que los Franco dieran una respuesta adecuada.
«Contemplamos que puedan tener una íntima ceremonia, no habrá ni imágenes, ni convocatoria pública», dijo Calvo, quien también recordó que en Mingorrubio, el camposanto de El Pardo, está enterrada la esposa de quien fue “jefe de Estado” durante 40 años en forma dictatorial.
El final de un lento proceso
«Estamos ejecutando una Ley de nuestro Parlamento, propia de una democracia que ha hecho un esfuerzo por atender los informes de Naciones Unidas», señaló Calvo, en referencia a las recomendaciones del organismo internacional para que «el dictador no esté en un lugar de exaltamiento».
La Ley de Memoria Histórica establece medidas para reparar a las víctimas de la persecución y la violencia durante la guerra civil española y la posterior dictadura franquista.
El cuerpo de Franco fue sepultado en una gran estructura conmemorativa en ese sitio, lo cual siempre ha sido repudiado por muchos sectores de España.
Pero la familia del dictador Franco pretende que la ley de exhumación se declare inconstitucional
Los nietos del dictador ya anunciaron que presentarían un recurso a esta decisión ante el Tribunal Supremo, al igual que anunció la Abadía del Valle de los Caídos, cuyas autoridades también son contrarias a esta determinación.
Pese a estas iniciativas judiciales, la decisión del Consejo de Ministros concluye el procedimiento iniciado por el Gobierno de Sánchez el 31 de agosto del año pasado.
Este esfuerzo se ampara en la Ley de 2007 de Memoria Histórica, en el pronunciamiento de un grupo de expertos en 2011 y en el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados que convalidó el Decreto para proceder a la exhumación en agosto de 2018.
