“Rey emérito” Juan Carlos I abandona España en medio del peor escándalo por corrupción de la monarquía

El exmonarca español Juan Carlos I comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, que ha decidido abandonar España y dejar de vivir en el Palacio de la Zarzuela. La decisión se produce tras las investigaciones abiertas, tanto en Suiza como en España, sobre los supuestos fondos de Juan Carlos de Borbón en paraísos fiscales, en el mayor escándalo de corrupción de la monarquía española que está intentando ser minimizada por la prensa monárquica y los partidos de derecha.

En una carta difundida este lunes por la Casa Real española y dirigida al actual monarca, Juan Carlos de Borbón comunicó su «meditada decisión» de trasladarse fuera de su país, reseña la agencia RT.

«Deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad», le escribió el rey padre a su hijo rey en el comunicado, que según varios medios españoles se habría publicado cuando el exmonarca ya se encontraba fuera de España.

La misiva no da explicación sobre los motivos que impulsaron la decisión y tampoco da a conocer el destino de Juan Carlos de Borbón, que se limita a mencionar «la repercusión pública que están generando “ciertos acontecimientos pasados de su vida privada» como desencadenante de su decisión.

Esta medida se anuncia cuatro meses después de que Felipe VI decidiera eliminar la asignación anual que el Estado español entregaba a su padre –unos 194.000 euros provenientes de los fondos públicos– y “renunciara” públicamente a cualquier herencia de las cuentas de Juan Carlos I en el extranjero.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo de España asumió el pasado mes de junio la investigación sobre la implicación del rey emérito en el supuesto cobro de comisiones ilegales en el proyecto de construcción del llamado ‘AVE del desierto’, el tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudita.

El comunicado oficial que el Ministerio Público difundió entonces precisa que la investigación se centra «en delimitar o descartar la relevancia penal» de unos hechos acontecidos después de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I, al abdicar, dejó de estar protegido por la inviolabilidad (exención de toda responsabilidad penal) que la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Esta exención, sin embargo, no aplicaría en Suiza, donde se investiga el origen de la fortuna del exrey Borbón.

La Justicia también trata de dilucidar si el rey emérito elaboró una estructura para ocultar el dinero de las supuestas comisiones ilegales en un banco suizo, tal como denunció una de sus amantes, quien recibió millones de euros por parte de Juan Carlos.

La Defensa del exmonarca, por su parte, ha hecho público un comunicado en el que afirma que Juan Carlos I, a pesar de «su decisión de trasladarse» fuera de España, «permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna».

Las sospechas sobre Juan Carlos I tienen su origen en la grabación de una conversación mantenida en 2015 entre el excomisario de Policía José Manuel Villarejo y la supuesta amante del rey emérito Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein). En este encuentro, la mujer se refirió al supuesto pago de comisiones «para el tren», que habrían consistido en algo más de 80 millones de euros en total, de los cuales al menos una parte habrían terminado en manos de Juan Carlos de Borbón.

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Por su parte, la Casa Real comunicó que Felipe VI acogió la decisión de su padre con «sentido respeto» y «agradecimiento». Además, la Casa Real aprovechó la ocasión para remarcar «la importancia histórica» del reinado de Juan Carlos I, reseñó Sputnik.

«El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico», señaló la Casa Real.

La carta no detalla cuál será el destino elegido por Juan Carlos I tras abandonar España y tampoco menciona otras posibles medidas, como la retirada del título honorífico de rey emérito.

La reacción del Gobierno español que preside Pedro Sánchez, expresó “su respeto” por la decisión del rey emérito de marcharse del país. Asimismo, el Gobierno español remarcó «el sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la Jefatura del Estado».

Sin embargo, el propio presidente del Gobierno había calificado como «perturbadoras» las informaciones de corrupción sobre el rey emérito y exhortó a que los distintos miembros del Ejecutivo invitaran a la Casa Real a tomar distancia respecto a su figura.

Las reacciones a la noticia en redes sociales no se ha hecho esperar. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido remarcar el trabajo histórico de Juan Carlos I por España, «a quien debemos los mejores años de nuestra Democracia».

Pero el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, señalaba que la justicia es igual para todos, y que espera que esta «haga su trabajo» con respeto a las responsabilidades del exmonarca.

También las reacciones de los partidos políticos progresistas y de izquierda advirtieron sobre las impunidades que se están gestando.

Desde los socios de Gobierno de Sánchez, el movimiento progresista  Unidas Podemos (UP), su portavoz Pablo Echenique criticó que la Justicia permita que Juan Carlos I se marche «teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse».

«¿No podría eso dificultar las pesquisas? Esperamos que no sea precisamente ése el motivo de la decisión y, si es así, se le impida huir», escribió en Twitter el dirigente de la formación política que comparte Ejecutivo en coalición con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez.

​Echenique manifestó que desde Unidas Podemos seguirán «explorando todas las vías para que los negocios turbios de Juan Carlos de Borbón se investiguen a fondo» y «se ponga fin a la impunidad».

De forma similar se pronunció el ministro de Consumo de España por el partido UP, Alberto Garzón, quien instó a «investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona».

Por otro lado, el conservador Partido Popular (PP) emitió un comunicado donde destacó el «papel determinante y decisivo» de Juan Carlos I en la democracia española, defendiendo al rey emérito español. El PP expresó su «más absoluto respeto» por la decisión del rey emérito y subrayó su «lealtad a España», así como el papel «ejemplar» de su hijo, Felipe VI, al frente de la jefatura de Estado desde 2014.

De forma similar reaccionaron los liberales del partido Cs (“Ciudadanos”), afirmando «respeto» por la marcha del monarca y trasladando su apoyo al actual rey.

También desde la oposición, la ultraderecha de Vox denunció un «linchamiento público» a Juan Carlos en un mensaje en las redes sociales de la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona.

En reacción opuesta al Gobierno y los partidos de oposición, algunos partidos nacionalistas calificaron como «huida» la marcha del rey emérito ante la corrupción por la que se le investiga.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su portavoz parlamentaria, Carolina Telechea, sostuvo que «el mejor servicio» que podría hacer Juan Carlos a los españoles es «no huir de la justicia y dar la cara con dignidad».

Prince Juan Carlos of Spain (L) (Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón) and Spain Caudillo General Francisco Franco (1939-1975), pictured in Madrid.

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