Petro ordena investigación por crímenes contra civiles en el mar Caribe
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su abogado, Dan Kovalik, ha asumido la defensa jurídica de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad de Santa Marta, quien perdió la vida en uno de los ataques perpetrados por Washington contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el mar Caribe.
Esta medida responde a las denuncias de asesinatos de civiles caribeños que habrían ocurrido bajo órdenes directas emanadas de la política del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de Donald Trump.
La noticia fue difundida por Petro a través de sus redes sociales, donde declara que la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe.
El abogado estadounidense Dan Kovalik inició la defensa judicial de la familia Carranza, al denunciar este acto como un «asesinato estadounidense», además de lamentar la falta de solidaridad hacia las víctimas.
El contexto de estos homicidios en el Caribe se amplía con la revelación de que abogados de los dos principales partidos estadounidenses han unido sus esfuerzos para examinar la política militar del secretario Hegseth. Este examen busca determinar la responsabilidad en los crímenes que presuntamente han ocasionado el deceso de civiles caribeños, al poner el foco en las órdenes directas emitidas.
En otra publicación, Petro reitera su acusación contra Estados Unidos, al señalar que las acciones en el Caribe y el Pacífico constituyen «un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad».
La investigación de esta comisión de abogados colombianos buscará no solo el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Carranza, sino también establecer responsabilidades por otros crímenes contra civiles en el Caribe. Este paso es fundamental para desafiar el uso de fuerza en la región y para proteger a la población local de las consecuencias letales de las operaciones militares extranjeras.
La exigencia del presidente Petro marca una postura clara de defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Busca establecer un precedente legal que permita a Colombia investigar y perseguir a los responsables de violaciones cometidas en su jurisdicción, al enviar un mensaje contundente contra la impunidad en las aguas del Caribe.
Fuente: TeleSUR
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