OPINIÓN | Cuatro crímenes contratados, por Clodovaldo Hernández

El contrato mercenario contiene innumerables hechos delictivos. Acá les presentamos cuatro de los peores:

1.- Secuestro del presidente o magnicidio (opcional)

Los democráticos e ilustrados opositores pactaron con una empresa extranjera especializada en soluciones violentas el ingreso ilegal de tropas y armamento y la ejecución de acciones bélicas destinadas al secuestro y traslado a Estados Unidos de un venezolano.

Esto, de por sí, es un ramillete de actos delictivos y violaciones al debido proceso, pero alcanza niveles superlativos si se considera que el ciudadano en cuestión es el Presidente de la República.

El secuestro y “extracción” están previstos solo en el caso de que el sujeto en cuestión, es decir, el Jefe del Estado, no oponga resistencia, pues si lo hace, el encargo es proceder al magnicidio. En tal escenario, a los autores de la hazaña les toca un bono especial por productividad.

Pero la cosa no para allí.

El propósito acordado no se limita al Presidente, sino que abarca también a la Vicepresidenta Ejecutiva, los Vicepresidentes Sectoriales, los Ministros, el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, los jefes de los otros Poderes Públicos y el Alto Mando Militar. Es decir, el “trabajo” consiste en el descabezamiento del Estado venezolano mediante un exterminio que haga inviable la continuidad de la gestión de la República.

Por supuesto que para hacer este arrase sería necesario “neutralizar” (un eufemismo jurídico muy socorrido) a muchos otros venezolanos de menor jerarquía, como soldados, policías, escoltas y funcionarios civiles. Todo está previsto en el contrato y tiene su respectiva tarifa.

¡Qué gente tan organizada administrativamente! 

2.- Genocidio (para que no haya 13)

El contrato no deja espacio a la improvisación. Quienes lo redactaron, aprendieron la lección de abril de 2002 y previeron evitar cualquier posible reacción popular del tipo “todo 11 tiene su 13”.

Por ello, se le otorga carta blanca a la empresa especializada para que detenga, someta o mate a quien quiera que ose ponerse en contra del plan. Claro, no lo dicen con esas palabras, porque para eso los que escriben estos textos usan corbatas y perfumes originales. Lo que indican las bonitas frases es que se usará fuerza letal si se considera necesario.

Para abortar un 13 de abril, el contrato autoriza el uso de toda clase de armas, incluyendo las minas antipersonas, esos explosivos que se siembran a ras de tierra y explotan cuando alguien las pisa. Sí, es un arma tan cruel y ha afectado tanto a la población civil en tantos países que es de las pocas que han sido prohibidas por el derecho internacional…

Pero, ya sabemos que en el caso de países como Venezuela, vale todo. 

3.- Rambo sustituye a Bolívar

Otro delito realmente grave, de los muchos que se pactaron en el contrato, es uno que no solo va contra la Constitución y las leyes, sino también contra nuestra herencia histórica y contra la dignidad del gentilicio venezolano.

Es la cláusula que pone en manos del propietario de la empresa mercenaria, SilverCorp, el boina verde Jordan Goudreau, el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es como decir, entregarle a Rambo el Ejército Libertador de Suramérica, que una vez encabezara Simón Bolívar.

Ese delito de lesa historia pone en evidencia que la dirigencia opositora y quienes la respaldan son unos auténticos apátridas, dicho sea sin intención de hacer una arenga política. 

4.- Abolición de toda Ley (excepto el contrato)

Tomando de nuevo como referencia el golpe de abril de 2002, los redactores de este contrato se propusieron ir más allá del decreto de tierra arrasada de Pedro Carmona Estanga, así que establecieron una serie de cláusulas que en la práctica dejan abolida no solo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también todas las otras Leyes, reglamentos, decretos y normas habidas y por haber.

Solo el contrato mismo tiene fuerza jurídica en ese escenario.

Uno de los aspectos más vergonzosos de esa derogatoria total del marco legal es que los agentes extranjeros de la empresa mercenaria gozan de inmunidad e impunidad total. Pueden matar, violar, torturar, robar, destruir y todo el etcétera que se les ocurra, y nadie en lo que quede de Venezuela podrá enjuiciarlos ni detenerlos.

¡Ah!, pero si uno de ellos cae en combate, Venezuela le pagará 450 mil dólares a su familia, en compensación de los favores recibidos. 

/maye