Milei subastará inmuebles públicos donde funcionaban organismos sociales
El Gobierno de Argentina, a cargo del ultraderechista Javier Milei, publicó este viernes el decreto 950/2024, mediante el cual autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender inmuebles públicos considerados «ociosos» o sin destino operativo, donde funcionaban organismos de atención social y que fueron suprimidos por el dirigente «libertario». Una de estas sedes es el edificio del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Si bien el decreto firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, incluye un anexo con el detalle de 309 propiedades, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que el total de inmuebles a enajenar alcanza la cifra de 1.200. «Se van a subastar más de 400 inmuebles y se van a poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de US$800 millones», señaló el vocero de Milei.
Movimientos sociales han repudiado esta arremetida de Milei para desmantelar el Estado y denunciaron la puerta abierta a sospechosos «negocios inmobiliarios». En la Casa Rosada lo presentan como una medida de eficiencia administrativa. Sin embargo, la ubicación estratégica de algunas propiedades invita a pensar en posibles negocios inmobiliarios y, además, la sola enajenación de estos bienes pone en evidencia el retiro del Estado de espacios donde antes operaba y prestaba servicios a los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos, refieren voceros de estos movimientos, citados por medios locales en Argentina.
Según el decreto, la venta de inmuebles ociosos permitirá un «mejor funcionamiento de la administración pública» y ayudará a enfrentar la crisis económica. No obstante, esta justificación omite un aspecto fundamental: muchos de estos inmuebles fueron y en algunos casos siguen siendo centros de actividades y servicios del Estado.
Los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluyen propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios e inclusive terrenos sin construcciones. El texto del decreto cita antecedentes desde 2016, con sucesivos intentos de venta y desafectación de inmuebles que no llegaron a concretarse y excluye del proceso de venta a los establecimientos militares y a inmuebles ubicados fuera del país.
Según el Gobierno, «mantener ociosos» los inmuebles considerados «innecesarios para la gestión» del Estado «genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación».
Como parte de su política para «destruir» al Estado, Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.
Fuente: Agencias
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