México mantiene posición de principios sobre asilados en Bolivia

México se mantiene firme en su posición apegada al derecho internacional de conceder asilo a los nueve bolivianos refugiados en su sede diplomática en La Paz, a pesar del asedio policial de parte del Gobierno de facto.

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ratificó a través de su cuenta en al red social Twitter esa postura del gobierno frente a los acontecimientos de excesiva vigilancia y amedrentamiento que está viviendo la representación diplomática del país en Bolivia.

En otro comunicado, la embajada mexicana en ese país altiplánico señaló que aunado a la ‘excesiva vigilancia’ en los alrededores de la sede diplomática y la residencia oficial, también se han identificado drones que sobrevuelan dichos locales, refiere el portal web de Prensa Latina.

Están grabando imágenes y sonido, lo cual supondría una intromisión indebida en los asuntos internos de México, agregó la nota.

México volvió a comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia su posición, con lo cual se le da seguimiento a la nota presentada el pasado 23 de diciembre por esa excesiva vigilancia, en la que denuncian que ese mismo día personal militar intento revisar el vehículo oficial donde viajaba la embajadora.

Este acto -añade- ‘habría sido contrario a la inviolabilidad de la que goza dicho medio de transporte, y posiblemente a la inviolabilidad de la que goza la Jefa de la Misión’.

Pese a la citada nota diplomática, en el transcurso de las últimas horas no sólo se mantuvo sino que se incrementó la presencia de elementos de seguridad y aparatos electrónicos en las inmediaciones de la embajada y residencia oficial.

‘El Estado mexicano considera que las acciones que han desplegado las autoridades bolivianas, así como sus omisiones, podrían constituir violaciones a las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado Plurinacional de Bolivia’, reitera la cancillería.

Ante esta circunstancia, señala que el Estado mexicano se reservará el derecho de emprender las acciones jurídicas y/o políticas ante organismos y tribunales internacionales que se estimen necesarios para hacer valer sus derechos.