¿JUSTICIA IMPERIAL? EE. UU. retiró cargos de narcotráfico a prófugo venezolano Clíver Alcalá

Fiscales federales del sistema de justicia de Estados Unidos (EE. UU.) anunciaron que este sábado retiraron los cargos de narcoterrorismo contra el paramilitar y narcotraficante venezolano Clíver Alcalá, quien se encuentra protegido en suelo norteamericano tras liderar planes magnicidas contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para lo que contrató a mercenarios paramilitares boinas verdes estadounidenses.

Según el corresponsal de la agencia AP en América Latina, Joshua Goodman, la exoneración de los cargos se ejecutó pese a que Alcalá se declaró culpable de “delitos menores, al ayudar a una organización terrorista extranjera”. Goodman acompañó la publicación con dicha declaración, surgida luego que fiscales lo acusaron de ayudar y proporcionar “apoyo material o recursos” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), las que EE. UU. califica como “una organización terrorista extranjera”.

Alcalá se encontraba detenido en EE.UU., luego que se entregara a las autoridades colombianas que lo trasladaron hasta allá por tener armamento de guerra en su posesión, que según su propia declaración, utilizaría para atacar al mandatario venezolano.

De esta manera, la justicia estadounidense hizo caso omiso a la petición de Venezuela, que solicitó en noviembre de 2020, la extradición de Alcalá, para que fuese juzgado por los delitos de traición a la Patria; tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación, hechos tipificados y sancionados en los artículos 38, 52 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Igualmente, para ser juzgado por presunto delito de homicidio intencional frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.

El 30 de enero de 2022, el Alcalá filtró que “la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro” de EE.UU. conocían la intentona golpista contra el presidente Maduro.

Estas acusaciones ya habían sido presentadas por los abogados que asisten a Alcalá, en el supuesto juicio que enfrentaba ante la justicia estadounidense, a través de un documento judicial fechado en noviembre 2021, para intentar anular las acusaciones de narcoterrorismo.

Confesiones públicas de un narcoterrorista:

En Colombia, antes de entregarse a EE.UU. en 2020, Alcalá se atribuyó la responsabilidad del arsenal de armas de asalto y equipo militar norteamericano que trasladaban a La Guajira, en lo que dijo que era una incursión planificada contra Venezuela para derrocar al mandatario venezolano: La fracasada Operación Gedeón.

El prófugo y narcoparamilitar se encontraba en Barranquilla bajo protección del gobierno de Iván Duque. En su residencia vivía con su esposa, quien era una sobrina del reconocido narcotraficante colombiano Hermágoras González Polanco, alias “El Gordito González”.

En ese tiempo, Alcalá dio una confesión pública a la emisora colombiana W y con videos grabados en las redes, afirmó que nadie iba a cobrar la “recompensa” de 10 millones de dólares que la justicia de EE. UU. había puesto sobre su cabeza por narcotráfico.

La insólita confesión fue producto de la incautación “por accidente” del lote de armas para la operación Gedeón, que la policía colombiana descubrió cuando era transportado hacia La Guajira.

Aseveró que él se encontraba en su casa esperando la presencia de las autoridades colombianas para responder ante cualquier acusación de la justicia de ese país. Pero esto nunca se produjo por parte de la Fiscalía colombiana, pese a la confesión voluntaria y comunicacional de ser dueño del lote de armamento ilegal y los planes delincuenciales contra un gobierno soberano y democrático.

Alcalá Cordones aprovechó, en esa entrevista radial, para confesar también en forma abierta y públicamente, que todo el plan magnicida y la compra millonaria de las armas mediante el narcotráfico fue producto de un “contrato”, entre Juan Guaidó, J.J. Rendón, autoridades colombianas y asesores norteamericanos (mercenarios).

Para más explicación, dijo que tenía en su poder copia de este documento, advirtiendo que lo guardaba celosamente para que no intentaran hacer de él un objeto de falso-positivo (asesinato encubierto) en Colombia.

En todo ese tiempo, ni la Fiscalía y ninguna autoridad de justicia colombiana hizo absolutamente nada para detener al confeso criminal, tomarle declaración o siquiera visitarlo para advertirle que estaba “bajo investigación”, tal como publicó la Fiscalía en un comunicado.

Finalmente, él mismo se entregó a las autoridades de la DEA, que en una avioneta especial, aterrizó en Colombia para llevárselo a EE. UU.

Como curiosidad periodística, se observó que “al momento de su entrega” a las autoridades de la DEA, Clíver Alcalá Cordones se despedía con emotivos abrazos y cariñosos afectos de las autoridades colombianas que lo acompañaban hasta la escalerilla del avión, ascendiendo a la aeronave de la DEA norteamericana, sin la usual vestimenta que imponen a los detenidos por estos graves delitos de narcotráfico y manejo de armas ilegales, ni siquiera estaba esposado.

Para mayo de 2020, el Gobierno Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela presentó al mundo un gran dossier con resultados de la investigación, hasta ese momento, de la fracasada operación terrorista, financiada por el narcotráfico con apoyo de la DEA, los gobiernos de EE. UU. y Colombia y ejecutada bajo las ordenes del prófugo Clíver Alcalá.

Tras las órdenes impartidas por la administración del entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, se develó la trama conspirativa terrorista con los principales actores involucrados en el Triángulo Criminal de dirigentes y organizaciones políticas apátridas de la derecha nacional, narcotraficantes y personeros norteamericanos y colombianos que actuaron como autores intelectuales.

"JUSTICIA IMPERIAL" | EE.UU. retiró cargos narcotráfico a prófugo venezolano Cliver Alcalá
Foto agencias

Injusticia y desvergüenza

De esta manera, la “JUSTICIA” del sistema estadounidense, vuelve a mostrar las costuras a favor de los terroristas, narcotraficantes y delincuentes que operan bajo los intereses de los gobiernos de EE. UU.

El caso más emblemático fue del terrorista Luis Posada Carriles, cubano con nacionalidad venezolana, autor intelectual del atentado explosivo del 06 de octubre de 1976, contra el avión civil de Cubana de Aviación en el que murieron 73 pasajeros, 57 de ellos jóvenes deportistas de la isla caribeña. 

Carriles murió el 23 de mayo de 2018, sin haber pagado por este crimen ni por los otros tantos actos terroristas que figuran en su historial criminal, entre ellos los atentados fracasados contra el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Carriles residía en Miami, desde el 2005, protegido por el régimen imperial, luego de vivir varios años en Centroamérica tras fugarse de una cárcel venezolana. El Gobierno estadounidense le brindó protección desde entonces, negándose a la petición del Estado venezolano que solicitaba su extradición. 

5 héroes cubanos

Igualmente, EE. UU. mantuvo presos, durante casi 19 años, a cinco agentes anti-terroristas cubanos que trabajaban encubiertos en ese país para prevenir acciones violentas que eran impulsadas por grupos terroristas desde territorio estadounidense contra la isla.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González son los cinco héroes cubanos que fueron detenidos injustamente por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) el 18 de septiembre de 1998. 

A pesar de no tener pruebas en su contra, el Gobierno de EE. UU. los acusó de conspiración y los cinco anti-terroristas estuvieron sin fianza durante 33 meses, de los cuales, 17 meses estuvieron en cárceles para prisioneros violentos.

Finalmente, recibieron severas condenas de cárcel, por lo que se inició una campaña para exigir su liberación tras más de tres lustros de secuestro ilegal de su libertad.

Tras la presión internacional, fueron liberados luego de cumplir una condena de cárcel de 19 años y nueve meses en promedio, sumando el tiempo en que estuvieron detenidos de forma “preventiva”.

Así es la democracia y la justicia que practica el hegemón imperial americano.

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VTV/Ora/GT