Fiscal ratifica que sistema judicial venezolano logra éxitos contra impunidad en violación de DD.HH. lo que nunca se hizo en la Cuarta República

Venezuela ha logrado con el rol del Ministerio Público sancionar las violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) cometidas por funcionarios públicos y de seguridad, a diferencia del siglo pasado cuando durante los gobiernos de la llamada Cuarta República no se imputó ni castigó estos delitos amparados por el Estado, que dejaron graves daños morales y materiales por la grave impunidad y la injusticia que reinó durante más de 40 años en el país.

“En los años 80 y 90, se registraron masacres, las de Cantaura, Yumare, el Caracazo, y la del Retén de Catia, esta última con más de 100 muertos. En todos ellas no hubo ningún  detenido”, recordó el fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien junto al canciller Jorge Arreaza y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, entregaron a la embajadora de la Unión Europea (UE) y otros embajadores del Cuerpo Diplomático acreditado en Caracas, el documento oficial del Informe la Verdad de Venezuela contra la infamia del cártel de Lima.

El Fiscal General destacó que el grupo de países de gobiernos de derecha agrupados en el llamado Grupo de Lima, pretendió con un informe pagado con más de 3 a 5 millones de dólares, atacar a Venezuela con datos falsos sobre violación de DD.HH. para justificar intervención militar y provocar genocidio. En este supuesto “informe”, que fue atribuido falazmente como si fuera de la ONU, no se ofrece ningún tipo de información sobre la actividad judicial que el Estado Bolivariano ha venido realizando para no permitir la impunidad en las violaciones de los derechos constitucionales y humanos de la población.

“Hoy tenemos cifras de casos concretos y emblemáticos”, dijo el Fiscal sobre el castigo a violadores de las garantías constitucionales, al destacar los múltiples agentes del Estado que cometieron violación de DD.HH. y están tras las rejas, imputados, condenados o esperando juicio.

“El Ministerio Público ha tenido que enfrentar, al mismo tiempo, el combate a terroristas que también hacen violaciones a DD.HH. como el intento de magnicidio de agosto 2018. De haberse concretado esa acción hubiera culminado en una masacre porque allí estábamos todos los poderes públicos”, recordó.

Igualmente, hizo referencia a baño de sangre que se pretendió hacer con la invasión marítima mercenaria, con participación de militares de EE.UU., entrenados, financiados y respaldados por los gobiernos colombiano y norteamericano. “Ellos mismos lo confesaron: querían secuestrar al Jefe de Estado y altas autoridades para ocasionar un golpe de Estado sangriento contra la democracia venezolana”.

Saab advirtió que la violación de DD.HH. no solo las provoca un país o Estado, ese concepto quedó atrás, ahora se judicializa a los enemigos de la patria que operan con acciones terroristas, mediante grupos paramilitares o de cualquier tipo.

“Si un grupo armado se organiza de manera criminal para tomar el poder, comete acciones de carácter terrorista donde matan inocentes, queman, fomentan disturbios para asesinar y matar son violadores de DD.HH.”.

“Eso no está en el informe de los supuestos expertos que no son del Consejo de DD.HH. de la ONU. Fueron tres “expertos” pagados entre 3 a 5 millones de dólares”, reiteró, lamentando que muchas veces se le niega a la oficina de la Alta Comisionada el financiamiento necesario para su trabajo, pero al grupo de Lima contó con recursos ilimitados y solo publicaron mentiras.

“¿Para qué decir mentiras?. Independientemente que pudieran citar algunos casos verdaderos, no documentan lo que la justicia venezolana ha hecho, y eso es lo que hemos dicho al cuerpo diplomático”, explicó el Fiscal.

En Chile: más de 400 víctimas sin visión por brutalidad policial

Asimismo, Saab contrastó lo que ocurre en Colombia, EE.UU. Chile, Ecuador y Brasil, cuyos gobiernos quieren dar lecciones y juzgar a Venezuela, pero han permitido que en sus propias naciones se cometan las peores violaciones de DD.HH. y en forma totalmente impune.

Citó el caso de Chile, con más de 400 víctimas que perdieron sus ojos por disparos directos a la cara de parte de policías durante disturbios de 2019. No hubo investigación ni acusados por esta clara y sistemática violación de los derechos humanos de los chilenos.

En contraste, en Venezuela por el caso de Rufo Chacón, un joven que perdió la vista por policías del estado Táchira, se procedió a judicializar a los responsables y están presos y en proceso de juicio. No obstante, algunas llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) comenzaron a mentir usando y manipulando a los familiares para decir que no hay justicia a las víctimas.

“El mismo día fueron detenidos y a solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad y aparte de imputados han sido acusados; pero el tema de la pandemia ha retrasado muchísimas audiencias, no obstante pronto habrá la fase de juicio donde estas personas serán acusadas de delitos como homicidio en grado de frustración”, informó.

Además, recientemente se han realizado 140 imputaciones contra funcionarios vinculados al FAES y la PNB que protagonizaron en forma individual violaciones de DD.HH. “Todo esto está en este informe de la Verdad de Venezuela, pero se pretende invisibilizar para dañar la reputación de las instituciones democráticas venezolanas” denunció el Fiscal.

Oposición llama a genocidio

También llamó la atención sobre los llamados de algunos dirigentes de la derecha apátrida para que se perpetren incursiones armadas extranjeras contra la población venezolana, con solicitudes públicas a potencias militares para intervenir en asuntos internos y derrocar al gobierno legítimo.

“No se puede jugar de manera sucia, mercenaria, de manera indebida, utilizando el tema de DD.HH. para justificar la masiva violación que explicaría estos llamados de la oposición para que desde el exterior se bombardeen las ciudades venezolanas. Eso es violación de DD.HH. para propiciar un genocidio”.

El Fiscal consideró que prevalecerá la conciencia de la comunidad internacional porque nadie puede justificar este llamado al genocidio, así como los daños provocados por las mal llamadas “sanciones” de EE.UU., que producen un daño incalculable, especialmente a los venezolanos, que conforman violaciones sistemáticas de DD.HH. y son delitos de lesa humanidad. 

“Es importante destacar la conciencia que tienen los representantes diplomáticos extranjeros de no darle uso indebido, no manipular, no hacer proselitismo y difamatorias con el tema tan delicado -de carácter no solo nacional sino global- de los DDHH para atacar a un país, como el caso de Venezuela, donde luchamos contra la COVID y donde el Estado ha dado respuesta para proteger a la población”.