Excanciller colombiano Álvaro Leyva fue destituido e inhabilitado
La Procuraduría General de la Nación de Colombia confirmó, en segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva por el caso sobre irregularidades en el manejo de un contrato para la emisión de pasaportes.
La medida fue adoptada después de que la investigación interna concluyera que el exministro incurrió en una falta gravísima con dolo al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, aun cuando la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía los requisitos y registraba el puntaje máximo.
El Ministerio Público insistió en que la decisión de Leyva desconoció principios esenciales de la contratación pública colombiana. Por lo anterior, la Procuraduría sostuvo que se vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad, elementos básicos para evitar irregularidades en la adjudicación de contratos estatales.
La sanción fue impuesta en primera instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que absolvió a Leyva del cargo sobre la declaratoria de urgencia manifiesta, pero halló responsable al exfuncionario por la declaratoria injustificada de desierta en el proceso licitatorio. Ante esta determinación, la defensa apeló argumentando falta de imparcialidad y supuestas deficiencias procesales, pero el despacho de segunda instancia rechazó los argumentos tras revisarlos.
“Se descartaron los alegatos de violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad del procurador delegado”, aclaró la Procuraduría, señalando que no existían causales jurídicas para declarar desierto el proceso ni para justificar la urgencia manifiesta, punto que incluso fue descartado desde el fallo inicial.
De acuerdo con la decisión suscrita por el procurador Gregorio Eljach, la sanción de destitución e inhabilidad quedó en firme y será efectiva durante los próximos diez años, impidiendo que Álvaro Leyva ostente cualquier cargo público durante ese periodo.
Contexto
A finales de 2023, Leyva suspendió un contrato para la fabricación de pasaportes que la firma Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, lo que dio pie a una demanda de la empresa fabricante contra el Estado porque a ese contrato le quedaban todavía tres años, por lo que Leyva estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, pues al proceso se presentó un único oferente.
Fuente: Medios internacionales
VTV/DR/CP
