Coordinadora de DD.HH. de Perú rechaza amnistía concedida a militares vinculados a abusos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú ha expresado su rechazo a la amnistía otorgada por el Congreso Nacional a los militares y policías detenidos entre 1980 y 2000, en relación con abusos a los derechos humanos.
Esta medida fue aprobada por el parlamentario Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas y miembro de la bancada ultraconservadora Honor y Democracia, con el respaldo de 16 legisladores de derecha en la Comisión Permanente, frente a 11 votos en contra de representantes de izquierda y centro.
Con esta nueva legislación, se concede amnistía a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y a los comités comunales de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno vinculado al surgimiento de Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru.
En este sentido, la CNDDHH no tardó en pronunciarse, y afirmar que «la impunidad no oculta el delito, lo agranda», en el que subraya que esta ley pone en riesgo el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Si bien muchos se beneficiarán de esta normativa, existe un pequeño grupo que no podrá ser procesado si enfrenta acusaciones de terrorismo o corrupción de funcionarios. La misma coordinadora advirtió en sus redes sociales que, dado el contexto actual, «todos ellos podrían quedar en libertad», refiriéndose específicamente al exministro Daniel Urresti, acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos, y al exmilitar Telmo Hurtado, condenado por la matanza de Accomarca, donde fueron asesinados 22 niños entre un total de seis víctimas.
Esta ley se presenta como una grave violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales, al proteger a criminales que predican la democracia mientras cometen masacres como las de La Cantuta y Barrios Altos. Además, deslegitima los derechos penales al reducirlos a una concepción vacía.
Incluso la presidenta Dina Boluarte es investigada por muertes de civiles a manos de uniformados durante las protestas de 2022. La amnistía ha «consumado un acto de impunidad que ofende a las víctimas, a sus familias y a la memoria del país», declaró la legisladora Flor Pablo.
Fuente: TeleSur
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