Congreso mexicano impulsa reforma integral al juicio de amparo
El Senado de México aprobó el dictamen que modifica la legislación de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la propuesta recibió 76 votos favorables y 39 en contra en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 70 respaldos frente a igual número de oposiciones. El texto busca actualizar el proyecto jurídico del amparo y frenar prácticas irregulares vinculadas al cobro de créditos fiscales.
La iniciativa establece mecanismos precisos para que los ciudadanos puedan garantizar el interés fiscal al solicitar la suspensión de actos relacionados con la ejecución de créditos firmes. El proyecto, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, pasó al análisis de la Cámara de Diputados tras su aprobación en la cámara alta. La reforma incorpora criterios más estrictos para evitar distorsiones en el uso del amparo como herramienta de evasión tributaria.
Durante el debate parlamentario, legisladores de oposición expresaron preocupación por el alcance de los cambios, al considerar que afectan la esencia del juicio de amparo. Sin embargo, representantes del Movimiento de Regeneración Nacional defendieron la propuesta, al señalar que corrige vacíos legales que permitían liberar cuentas vinculadas al lavado de dinero o favorecer a personas con antecedentes penales.
El dictamen contempla la incorporación de tecnologías de la información para facilitar el acceso digital al juicio de amparo. Se introducen reglas uniformes y vinculantes que fortalecen la seguridad jurídica de las partes involucradas. Esta transformación apunta a consolidar un sistema más transparente y eficiente en la resolución de controversias fiscales.
Además, se preserva la facultad de sancionar a funcionarios que incumplan resoluciones judiciales, al mantener el texto vigente en materia de ejecutorias. La reforma también reconoce el interés legítimo en dimensiones individuales y colectivas, y se amplía el alcance del amparo como instrumento de protección frente a actos de autoridad.
Fuente: Prensa Latina
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