CAIGA QUIEN CAIGA (I) | La “meritocracia” de Pdvsa que firmó cheques a la derecha corrupta

Con la llegada del Comandante Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República en 1999, inició la transformación del Estado y, con ello, un cambio en la política nacional.  Es la refundación de la República, la creación de una nueva Carta Magna, así como la reestructuración de todas las instituciones, con el objetivo de cambiar radicalmente la realidad del pueblo venezolano que fue sumido en la pobreza y la desidia, gracias a las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de derecha que se hicieron del poder con falsas promesas, entre ellas la “defensa” de la democracia y los derechos humanos.

El Comandante Chávez asumió la transformación desde la visión de la igualdad y justicia social, que permitieron logros que se reflejaron en la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, salud y viviendas para la población más vulnerable. Para llegar a esto debió realizar un cambio profundo de las instituciones y empresas del Estado, las cuales fueron objeto de la corrupción administrativa de los gobiernos de turno, entre ellas Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

Desde el año 2000, inició la cruzada contra el robo y la corrupción de los gobiernos de derecha que llevaron al país a sumirse en la pobreza y la desidia. Comenzó la develación de la supuesta “nacionalización” de la industria petrolera de 1976, bajo la disfuncional administración pública de la Cuarta República y, con ello, la develación de diferentes fraudes y corrupción, entre ellos:

La meritocracia de Pdvsa

En el año 1998, la entonces Asociación Civil Primero Justicia (PJ), cuyos dirigentes connotados fueron los políticos de la derecha criolla, Leopoldo López y Julio Borges, recibió de manera ilegal al menos 60 millones de bolívares de la época, por parte de una funcionaria de la vieja Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

La adjudicación se habría materializado gracias a la madre de López, Antonieta Mendoza de López, quien era funcionaria en la Gerencia de Asuntos Públicos de la División Servicios de la estatal venezolana, y además miembro de la junta directiva del partido que se fundaría luego.

“Aquí está la fotocopia del cheque, donde, con el mayor desparpajo, la mamá de López le entrega a su hijo un cheque para que funde su grupito político, para que tengan su juguetico. Un grupo político que primero se llamó Primero Justicia y después, producto de las divisiones, se denominó Primero Justicia y Voluntad Popular”, denunció en octubre de 2020, el dirigente socialista, Jorge Rodríguez.

Este es, quizás, uno de los actos más curiosos de la corrupción que imperaba en el uso de los activos de la estatal Pdvsa en los gobiernos en el siglo XX, cuando, al igual que otros casos, la eterna impunidad en los últimos 40 años de la Cuarta República cubrió igualmente este desfalco para fundar uno de los partidos políticos derivados de las tradicionales organizaciones de la derecha política.

En 2022, la madre de Leopoldo López volvería a estar en el escenario comunicacional, cuando se descubrió que cobraba ilegalmente $350 mil dólares al mes por supuesta asesoría a Monómeros, la empresa propiedad de Pequiven en Colombia que fue secuestrada, robada y desmantelada por los grupos oposicionistas que desde 2016 habían permitido su intervención ilegítima con ayuda del Gobierno colombiano de Iván Duque, a través del títere de Juan Guaidó y su “gobierno interino”.

Igualmente, Jorge Rodríguez, ofreció en octubre de 2020, una rueda de prensa en la que transmitió la confesión grabada de Roland Carreño tras su detención, en la que reconoce el uso de recursos de la Fundación Simón Bolívar, perteneciente a Citgo, para financiar al partido Voluntad Popular (VP), tolda que fue fundada por Leopoldo López tras retirarse de PJ.

Citgo es la empresa petrolera estadounidense propiedad de Pdvsa, que fue secuestrada por el Gobierno norteamericano y entregada por Juan Guaidó.

Carreño fue capturado in fraganti en octubre de 2020, debido a su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República, y se acogió a la figura de la delación para confesar sus vínculos con López y otros. 

En la rueda de prensa, también se mostraron las notas de voz y mensajes de Whatsapp que el detenido cruzó con dirigentes de VP en estos planes .

Corrupción petrolera desde el inicio 

Pero con la vieja Pdvsa ocurrieron más hechos de corrupción durante los gobiernos de Acción Democrática (AD) y Copei, y uno de los más emblemáticos e históricos se produciría justamente el 31 de diciembre de 1975, cuando se ejecuta la “nacionalización” de la industria por parte de Carlos Andrés Pérez (CAP).

Entre las 12:00 de la medianoche del 31 de diciembre de 1975 y los primeros segundos del 1° de enero de 1976, se dio el ejecútese a la “Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos”, bajo la consigna “nacionalización” de la industria petrolera venezolana, aunque a lo largo de los años, los expertos calificarían el proceso como una “estatización”.

Desde ese primer día del nuevo año 1976, pasarían a manos del Estado todas las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarias extranjeras que operaban en Venezuela (Shell, Exxon y otros inversionistas), así como los activos de los concesionarios venezolanos, lo que la gran prensa llamó “la devolución de la riqueza petrolera”.

La realidad es que el gobierno de Carlos Andrés Pérez adelantó el término de las concesiones que tenían las empresas extranjeras antes de su fecha de vencimiento, y les otorgó indemnizaciones en dólares que no habrían facturado de haber esperado la culminación de los contratos.

Años después, el experto petrolero venezolano y fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Juan Pablo Pérez Alfonso, ratificó tal despropósito, al declarar en su oportunidad que aquel proceso, efectivamente, había sido “una nacionalización chucuta”.

Las 14 operadoras extranjeras que se encontraban antes bajo la figura de concesionarias, se convirtieron en “filiales” de la empresa que se renombraría como “PEDEVESA” y recibieron además valiosos contratos en materia de comercialización y tecnologías que le aseguraban el control sobre la naciente industria nacional “nacionalizada”.

Según los expertos petroleros, Venezuela reconoció a las trasnacionales indemnizaciones millonarias por los ocho años de operaciones que aún le restaban, por lo cual el proceso adelantado con la nacionalización resultó un negocio extraordinario para las petroleras extranjeras.

Golpe y sabotaje petrolero

El 02 de diciembre de 2002, la derecha fascista convocó al llamado “paro petrolero”, organizado por una autobautizada “Coordinadora Democrática”, integrada por los partidos y mismos dirigentes de derecha que auparon el golpe de Estado del 11 de abril de ese año.

La acción ilegal y desestabilizadora, fue inicialmente implementada por Fedecámaras al convocar un paro nacional de 12 horas para el día 10 de diciembre de 2001, acción que fue respaldada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), principal sindicato adeco del país.

Este paro fue apoyado por los empleados de la nómina mayor y menor de la antigua Pdvsa, quienes dejaron de trabajar y rechazaron la nueva junta directiva que el Comandante Chávez había designado en la industria.

El sabotaje se produjo luego de la derrota propinada por la unión cívico-militar el 13 de abril, por lo que la oposición extremista arremetió contra la estabilidad económica del país durante 63 días, utilizando a una gran mayoría del personal gerencial de la industria, que se consideraba meritócrata.

Durante casi dos meses y medio, dejaron al pueblo sin gas doméstico, gasolina, comercio, entre otras necesidades básicas, además de la temporada de béisbol, fútbol y hasta programas de entretenimiento en la televisión de señal abierta. Fue una especie de “toque de queda” económico contra el país, decisión ilegal que provocó, por vez primera, que la producción nacional de crudo se redujera a casi cero.

El intento, fracasado, contó con la inusual y antinatural unión de Fedecámaras y la Confederación adeca, cuyos líderes todos los días ofrecían un parte de guerra terrorista con los daños que ocasionaban en la economía nacional.

Según un informe posterior de la rescatada Pdvsa, el sabotaje petrolero produjo una contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) de 15,8 %, durante el cuarto trimestre de 2002 y de 24,9 %, durante el primer trimestre de 2003, mientras que el PIB petrolero cayó en 25,9 % y 39,3 %, respectivamente.

El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 mil 430 millones de dólares aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a nueve mil 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo nacional para la ejecución de sus planes y programas. 

El nivel de pobreza llegó a 48,6 % y la inflación a 31 %. Sin embargo, el pueblo confió en la lealtad del Comandante Chávez y resistió hasta que esta acción fascista se convirtió en un total fracaso, con la lapidaria declaración pública de Carlos Ortega, admitiendo que “este paro se nos fue de las manos”.

Sin embargo, a pesar del daño incalculable que esta acción terrorista por parte de la derecha hizo a  Venezuela, se hizo justicia y se derrotó las pretensiones de la derecha apátrida.

“Hace 20 años, una élite y una gerencia apátrida, puso sus cargos a la orden de un plan para destruir a Venezuela. Ellos creyeron que podían arrodillarnos, pero el pueblo les dio una lección. Siempre estaremos cohesionados como un gran bloque de la Revolución Bolivariana del siglo XXI y nuestra lucha tiene como destino la victoria, el triunfo de la clase obrera y el pueblo en general”, dijo el presidente Maduro, en 2022.

El Caballo de Troya en la AN 2016

En 2016, tal como un Caballo de Troya, el imperio norteamericano empleó la Asamblea Nacional (AN), ganada por la oposición venezolana en el año 2015, y al dirigente adeco Henry Ramos Allup, como presidente del Poder Legislativo que devino en desacato constitucional, quien se plegó al infame Decreto Obama (Orden Ejecutiva 13692) de marzo de 2015, que declaró a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de EE. UU.”.

En 2017, avanzaron los intentos de desestabilización con la juramentación del diputado Julio Borges, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El dirigente de la autodenominada “Mesa de la Unidad”, y hoy prófugo de la justicia, instrumentalizó la instancia parlamentaria para facilitar el bloqueo económico y comercial contra el país.

Borges aprovechó su posición para continuar impulsando el “cambio de régimen”, mediante acciones violentas en las calles, apalancó las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU., el aislamiento financiero y comercial del país y legitimó las acciones injerencistas promovidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno norteamericano.

Activó una campaña internacional para desconectar al país del sistema financiero internacional, y congelar en instituciones financieras internacionales que mantenían fondos y relaciones comerciales con Venezuela, solicitó cierre de cuentas manejadas por el Estado venezolano en bancos extranjeros.

Exigió a las instituciones mundiales colaborar con la agenda de presión económica y financiera desplegada por el gobierno de los Estados Unidos y obstaculizó el movimiento de fondos venezolanos y el uso normal de las cuentas del Estado venezolano, lo que incidió en una paralización del comercio exterior y del ingreso de divisas, ambas variables fundamentales para entender el agravamiento de la crisis económica a partir del año 2016.

Posteriormente, apareció en la directiva de la AN en desacato, la figura de Juan Guaidó, quien articuló agresivas y mayores estrategias de cerco y asfixia a los venezolanos, siguiendo órdenes expresas del gobierno imperial de EE. UU.

Guaidó, EE. UU. y otras instancias internacionales, desde entonces, han confiscado ilegalmente miles de activos de Venezuela en el exterior, tales como Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa); Monómeros, la compañía petrolera colombo-venezolana con sede en Barranquilla, Colombia; el robo de más de 33 mil millones de dólares de Venezuela en bancos en el extranjero y robo de 31 toneladas de oro que equivalen a más de mil millones de dólares, entre otros delitos contra la Patria.

Los ingresos nacionales de Venezuela se redujeron en 99 %, la persecución financiera provocó el incremento de “riesgo país” y la violación de los derechos sociales, humanos y económicos de los venezolanos, que ha sido denunciada incluso por la ONU.

Todas  estas acciones promovidas por gobierno estadounidense y ejecutadas la extrema derecha al frente del parlamento entre 2015 y 2020, incluso en plena pandemia, han generado grandes daños a la nación y sobre todo al pueblo de Venezuela, mientras la justicia venezolana continúa la investigación de los responsables.

En enero de 2022, la nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, aprobó un Acuerdo que respalda las acciones emprendidas por la fiscalía contra el exdiputado Juan Guaidó por daños cometidos contra el país. El texto del acuerdo señala la necesidad de que se establezcan las responsabilidades jurídicas y penales del dirigente oposicionista, que usó la instancia legislativa para entregarla a instancias extranjeras, provocando un daño sin precedente a las condiciones de vida de los venezolanos y venezolanas.

El 30 de diciembre de 2022, las oposiciones de derecha deciden “poner fin” al supuesto gobierno interino de Guaidó, tras cientos de denuncias de corrupción con el manejo de los recursos y activos venezolanos en el exterior, e incluso de la milmillonaria  “ayuda humanitaria” entregada por EE. UU. a los dirigentes opositores.

Pero las acusaciones de corrupción de sus socios en el interinato no resultaron en denuncias y demandas ante el sistema de justicia, dejando en impunidad los milmillonarios robos cometidos. Así, los antiguos integrantes del parlamento opositor de 2016-2021, que aunque ya había cesado en sus funciones, decidieron que seguían siendo diputados de la República y asumieron directamente “el control de los activos nacionales” en poder de la oposición en el exterior gracias a ilegales maniobras de EE.UU. y sus países adláteres.

“Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, acompañados del Movimiento Progresista de Venezuela, decidieron romper definitivamente con Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, hasta este momento al timón en la estrategia, aprobando una reforma en la cual queda establecido “el nuevo marco normativo que rige la transición”, informó el diario El Universal, al reseñar la noticia de tal anuncio opositor.

Los oposicionistas se comprometieron a abandonar el camino golpista y retomar la alternativa electoral, desechando la conducta desconocedora de la realidad política actual, procurando aceptar las negociaciones de los segundos diálogos de México que fueron retomados a finales de 2022.

Para este fin, aceptaron que se desbloquearan más de tres mil millones de dólares de los recursos venezolanos secuestrados en el exterior para destinarlos a necesidades sociales. Posteriormente, se negaron a cumplir con lo prometido.

Frente a esta situación, el presidente en funciones de la actual AN, y negociador principal de Venezuela en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, dio un ultimátum: se liberan los recursos financieros o la delegación en representación del Gobierno de Nicolás Maduro se levanta de la mesa de negociaciones, sin más dilaciones.

“No vale la pena continuar el diálogo con gente que no cumple su palabra”, sentenció Rodríguez en enero de 2023, fecha desde la cual se suspendieron las conversaciones con las diversas oposiciones de derecha.

 

$630 mil millones perdidos por corrupción de la derecha

El 9 de marzo de 2023, cuando se cumplieron ocho años del infame decreto de Obama, Jorge Rodríguez denunció ante el mundo que la industria petrolera venezolana dejó de producir cuatro mil millones de barriles, es decir 232 mil millones de dólares que el país dejó de vender entre los años 2015 y 2020.

“La cantidad del producto interno bruto, de dinero que Venezuela dejó de producir después que se impusieron las sanciones, supera los 630 mil millones de dólares”, informó el parlamentario nacional.

Este 21 de marzo de 2023, Rodríguez, desde su asiento en la AN, donde los parlamentarios y parlamentarias de la República aprobaron el acuerdo de respaldo a las acciones del Ejecutivo para ir a fondo contra los corruptos públicos, privados, oficialistas o de derecha, recordó que en los 40 años de la Cuarta República la impunidad caracterizó a esos gobiernos corruptos del siglo pasado.

Dijo que ningún funcionario corrupto fue hecho preso pese a los cientos de expedientes abiertos por corrupción, contrastando este hecho con la Venezuela del siglo XXI, cuando se castiga a los funcionarios que se encuentren incursos en delitos lesivos al patrimonio nacional y van presos.

Asimismo, el presidente de la AN le pidió seriedad a los diputados de oposición en la actual AN, porque cuando hablan de corrupción de “gran magnitud” se olvidan del “megarrobo” del tristemente célebre “gobierno interino”, que sin ser electo ni gobierno legítimo, provocó “sanciones” y facilitó el saqueo imperial norteamericano al patrimonio nacional, hecho sin precedentes que ha deteriorado el Estado de bienestar que se había construido en la primera década del siglo XXI.

Fuentes: Archivo VTV/MinCI/TeleSUR/Agencias

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