Avanzan demandas legales contra Alligator Alcatraz
Jueces federales solicitaron al Gobierno de Estados Unidos y al del estado de Florida que ofrezca información sobre el modus operandi del centro de detención migratoria denominado Alligator Alcatraz, mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, al oeste de Miami, una de defensores de migrantes y otra de ambientalistas.
La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, exigió a las autoridades revelar los acuerdos que tiene el Gobierno estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar el centro, que desde el pasado 3 de julio retiene a migrantes.
Adicionalmente, solicitó “el más reciente estudio de impacto ambiental” del sitio, que opera en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural con especies protegidas, lo que motivó la demanda de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.
En el otro caso, el juez Rodolfo A. Ruiz II, también del Distrito Sur de Florida, autorizó a los demandantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y migrantes detenidos, solicitar al Gobierno que difunda acuerdos entre las agencias gubernamentales para operar el centro.
Los ambientalistas y los defensores migratorios argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable de Alligator Alcatraz, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.
“Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir”, señaló la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice.
Las organizaciones ecologistas y civiles buscan el cierre total del centro, que por ahora tiene una capacidad para 2 mil detenidos y crecerá hasta 4 mil, según el Gobierno de Florida. Decenas de activistas y familiares de migrantes detenidos protestaron la semana pasada frente al lugar, que consideran un “campo de concentración” y una “jaula para perros”, donde han documentado la detención de 1.000 personas, con seis que han requerido hospitalizaciones, desde su apertura.
Fuente: Medios internacionales
VTV/DC/CP
