Corte Constitucional anula estado de excepción en cinco provincias de Ecuador
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción decretado por el Gobierno en cinco provincias, al considerar que no se pudo verificar la existencia de hechos que fundamentaran la causal de «grave conmoción interna» en esos territorios.
La medida, que buscaba contener las protestas que se desarrollan desde hace 13 días, solo fue avalada por el organismo judicial en las provincias de Carchi e Imbabura.
Las provincias donde se anuló la excepcionalidad son Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas. La Corte argumenta que la justificación presentada por el Ejecutivo solo resultaba válida para Carchi e Imbabura, al ser esta última el epicentro del paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Pese a la anulación parcial, el tribunal declaró la constitucionalidad de la decisión gubernamental de limitar el derecho a la libertad de reunión y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Carchi e Imbabura. Sin embargo, la Corte impuso una condición: estas medidas deben aplicarse «en estricto apego al respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta y resistencia pacífica».
Rechazo de toque de queda
En un revés para el Ejecutivo, el tribunal constitucional rechazó el toque de queda que regía en varios territorios del país, el cual establecía la restricción de movilidad desde las 22:00 hasta las 05:00 (hora local).
El estado de excepción se había decretado ante las advertencias de protestas sociales en rechazo a la eliminación de la subvención al diésel. Este tema es central en Ecuador, dado su impacto directo en los precios de productos y servicios.
El paro nacional, liderado por la Conaie, ya suma 13 días e incluye un pliego de demandas que, además de la reversión de la eliminación del subsidio, abarca la defensa de la tierra y los territorios en rechazo al extractivismo, el fortalecimiento de la salud y la educación pública, y la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento.
En el contexto de las manifestaciones, que han incluido denuncias de represión y abuso de la fuerza, el Gobierno de Daniel Noboa ha mantenido su postura de no negociar la eliminación del subsidio al diésel, al argumentar que este solo beneficia al contrabando y no a los sectores más vulnerables.
La Conaie también ha exigido garantías para el ejercicio del derecho a la resistencia y ha pedido verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión, en particular para la familia de Efraín Fuerez, el manifestante que perdió la vida tras recibir un impacto de bala durante una de las protestas.
El dictamen de la Corte Constitucional supone una limitación al poder del Ejecutivo para emplear medidas de excepción en la mayor parte de las provincias afectadas, en medio de una profunda crisis social y política.
Fuente: Prensa Latina
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