Acusación formal para destituir a Trump por violación constitucional presentará Cámara de Representantes de EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, anunció este jueves 5 de diciembre que instruyó al Comité Judicial de la cámara para redactar las acusaciones formales del juicio político contra el presidente del país, Donald Trump.

«Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución», aseveró Pelosi ante los periodistas, según la reseña de RT en su página en español.

«Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político a expensas de nuestra seguridad nacional al retener la ayuda militar y (una) reunión crucial del Despacho Oval a cambio de un anuncio de investigación sobre su rival político», reveló Pelosi en referencia al presunto intento de Trump de presionar al gobierno ucraniano para que investigara al candidato demócrata Joe Biden.

Reacción de Trump

En respuesta al anuncio de Pelosi, el presidente estadounidense expresó que «esto significará que el acto de destitución se utilizará de forma rutinaria para atacar a los futuros presidentes».  Consideró que el proceso del juicio político no es lo que los fundadores del Estado norteamericano «tenían en mente».

Además, Donald Trump expresó su convicción de que los republicanos ganarán las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020, explicando que el partido nunca ha estado más unido que ahora. «¡Ganaremos!», resumió el mandatario.

Pero, un día antes, Trump había pedido a los demócratas de la Cámara de Representantes que actuaran rápidamente si querían acusarlo dentro del juicio político que promueven.

Luego, en una serie de tuits publicados esta mañana, Trump ha repetido su opinión de que los demócratas «no tienen un caso de juicio político». «Están degradando a nuestro país», acusó. Además, el presidente aseveró que a los demócratas «nada les importa» y «se han vuelto locos».

Informe final sobre el ‘impeachment’

Estas declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de la divulgación del informe final sobre el ‘impeachment’ por parte del Comité de Inteligencia del Congreso de EE.UU. el pasado 3 diciembre.

El documento sostiene que el mandatario solicitó interferencia extranjera para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en las elecciones del 2020, socavando la seguridad nacional, y ordenó una campaña «sin precedentes» para obstruir al Congreso.

El reporte se basa en entrevistas a 17 testigos llevadas a cabo durante dos meses de investigación.

La pesquisa fue iniciada tras el escándalo en torno a una llamada telefónica mantenida entre Trump y el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en julio pasado, y cuyo contenido fue divulgado en su totalidad en septiembre.

Las claves del informe

• El informe está estructurado en dos secciones que se prevé formen la base para que el Comité Judicial invoque artículos de juicio político.

• La primera se refiere a las supuestas presiones de Trump sobre el Gobierno de Ucrania para obtener beneficios electorales, las que los autores del informe tachan de «mala conducta» del mandatario.

• Esta sección detalla posibles extorsiones de parte del jefe de Estado contra Kiev para que acceda a investigar al exvicepresidente y actual candidato a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden.

• Según el informe, Trump habría ofrecido a cambio de esa condición un intercambio de favores —’quid pro quo’— en el que se liberarían millones de dólares en fondos militares congelados para Ucrania.

• El informe precisa que múltiples oficiales de la alta jerarquía de Washington fueron cómplices: desde el secretario de Estado hasta el jefe de gabinete en funciones, incluyendo al abogado personal del presidente, al que atribuyen un rol esencial.

Se prevé que la primera sección se convierta en un cargo de abuso de poder, mientras que la segunda, que trata sobre una presunta intimidación de testigos y una negativa de cooperar en la investigación, se traduciría en un cargo de obstrucción a la justicia.

En esta última sección se afirma que la Administración Trump no solo se negó a presentar documentos o testimonios durante la pesquisa, sino que el presidente «atacó públicamente e intimidó a los testigos que se presentaron para cumplir con las citaciones», lo que constituye un delito federal.

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