Presidenta mexicana rechaza aranceles de EE. UU. sobre acero y aluminio
El Gobierno de México condenó la decisión de la administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, de incrementar en 50 % los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes del país. La medida, en vigor desde el 1 de junio, afecta a varios socios comerciales de EE. UU., incluidos Canadá, Brasil, Argentina, China y Rusia, mientras que el Reino Unido quedó exento debido a su acuerdo comercial con Washington.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la acción como injustificada, al argumentar que México importa más acero y aluminio de lo que exporta a EE. UU., además de descartar un supuesto déficit comercial. A su vez, recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) protege a México de impuestos a exportaciones, por lo que el decreto presidencial carece de sustento legal. También cuestionó el argumento de seguridad nacional esgrimido por Washington, que cita declaraciones de la Casa Blanca sobre la cooperación bilateral en esta materia.
Ante la situación, Sheinbaum convocó a una reunión de emergencia con representantes de la industria del acero y aluminio en el Palacio Nacional para definir estrategias. Además, el secretario de Economía sostendrá diálogos con sus homólogos estadounidenses en busca de una solución, al respecto, advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, México anunciará medidas de represalia la próxima semana.
El sector privado expresó su preocupación por las implicaciones económicas de la medida. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) alertó sobre el impacto en la cadena de valor regional y enfatizó que EE. UU. mantiene un superávit de cuatro millones de dólares en comercio bilateral de acero con México. Aunado a ello, destacó la caída del 50 % en exportaciones mexicanas durante abril y mayo de 2024, lo que agravaría la afectación al sector.
México insiste en que las distorsiones del mercado deben abordarse con soluciones coordinadas a nivel regional, no mediante decisiones unilaterales. Mientras el Gobierno evalúa posibles respuestas, el sector industrial exige una revisión inmediata del decreto para mitigar las consecuencias en las cadenas productivas y evitar una crisis comercial.
Fuente: Telesur
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