Mulino aumenta represión a 40 días de huelga en Panamá
El Gobierno de José Raúl Mulino desata una ola de violencia y persecución política sin precedentes. Con acciones que violan flagrantemente la Constitución y los derechos humanos, el Ejecutivo se niega sistemáticamente al diálogo e ignora las masivas protestas ciudadanas que exigen la derogación de la Ley 462 y el respeto a sus garantías fundamentales.
A más de 40 días de protestas masivas, el pueblo panameño mantiene su lucha contra las políticas neoliberales que privatizan los derechos sociales. Las movilizaciones exigen justicia ante la creciente militarización y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno.
Las comunidades indígenas denuncian el despliegue de una brutal represión por parte del Estado. En Darién, las fuerzas de seguridad han agredido a poblaciones vulnerables, incluidos niños, ancianos y mujeres embarazadas.
El régimen de Mulino también lleva a cabo arrestos arbitrarios contra importantes figuras como la cacique suplente de Tierras Colectivas, Lucrecia Caisamo.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) también ha sido víctima de una fuerte persecución. Genaro López y Jaime Caballero permanecen encarcelados mediante procesos judiciales amañados, mientras Erasmo Cerrud y otros dirigentes son hostigados con órdenes de captura. El líder del Suntracs, Saúl Méndez, lleva 10 días en la Embajada de Bolivia a la espera de una respuesta a la solicitud de refugio y un salvoconducto.
Entreguismo del Gobierno
El pueblo panameño también se opone a la reactivación ilegal de la mina de cobre en Donoso que beneficia a una empresa cuyos contratos fueron declarados inconstitucionalmente nulos, y al entreguismo del Ejecutivo de Mulino, que firmó un memorando que permite la presencia militar permanente de Estados Unidos en suelo panameño. Mientras, el embajador norteamericano Kevin Cabrera amenaza a políticos con revocar sus visas y negocia el paso gratuito de barcos estadounidenses por el canal, lo que viola su neutralidad.
De acuerdo con revelaciones del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fue el propio Mulino quien solicitó tropas extranjeras antes de asumir la presidencia. Aunque Mulino intenta desmentirlo, sus propias declaraciones lo delatan, ya que en reiteradas ocasiones insistió en que la frontera de EE. UU. no comienza en Texas, sino en Lajas Blancas, Darién.
Por su parte, la Asamblea Nacional archivó todas las denuncias contra Mulino por abuso de poder, traición a la patria y extralimitación de funciones. A su vez, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) emitió un comunicado este domingo 1° de junio en el cual denuncia a la Corte Suprema de Justicia como cómplice del Ejecutivo.
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Fuente: TeleSUR
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