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"Existe una campaña internacional de descrédito contra la institucionalidad venezolana. Eso es lo que está fraguando en este momento", advirtió la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, con respecto a la "preocupación" que han expresado organismos internacionales sobre la vulneración de la libertad de expresión en Venezuela a raíz de la suspensión de siete
canales por suscripción.

"No es casualidad que Catalina Botero vulnerando su condición de relatora (de la OEA) se pronuncie a priori cuando ella sabe que ni siquiera se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia", agregó Ramírez al sostener que los organismos deben expresarse cuando se hayan agotado todas las instancias jurídicas internas para que su pronunciamiento sea serio.

Por ende, la Defensora del Pueblo calificó sus posiciones, entre ellas la de la OEA, "como netamente políticas, porque lo están haciendo a priori".

Explicó que en el caso puntual de RCTV Internacional fue calificado como Producción Nacional Audiovisual porque su programación supera 70% de producción nacional y por ende debe sujetarse a la Ley Resorte.

En consecuencia, no puede autodenominarse como televisora internacional, acotó Gabriela Ramírez, durante su participación en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.

Apuntó que la suspensión temporal de siete canales por suscripción de parte de las cableras venezolanas se debe al incumplimiento con las leyes venezolanas.

Explicó que la normativa técnica que define cuando un canal es nacional o internacional fue elaborada por petición de la Cámara de Operadores de Televisión por Cable ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Puntualizó que la Defensoría del Pueblo remitió un informe a la OEA y a otros organismos donde se explica paso por paso el caso de la suspensión de las cableras.

(VTV)