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Durante una sesión convocada para este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó un informe verbal y analizó las conclusiones de la misión del Secretario General, José Miguel Insulza y siete cancilleres a Honduras.

La conclusión general de los encuentros, señaló Insulza durante su intervención, fue la no aceptación del Acuerdo de San José, con dos objeciones: el tema de la amnistía y el retorno del Presidente Zelaya. 

Al señalar que será una Comisión de la Verdad quien determine todo lo que paso en Honduras, el secretario de la OEA indicó que dado el clima de polarización que existe "el retorno del presidente Zelaya lo único que haría sería que empezáramos a vivir un infierno de demandas cruzadas y de tribunales de justicia yendo y viniendo en todas direcciones".

Asimismo dijo que la amnistía está contemplada en la Constitución hondureña y es una de las atribuciones del Congreso.

El secretario también afirmó que no encontraron "absolutamente a nadie" que estuviera de acuerdo con la idea del retorno del presidente Zelaya. Sin embargo, tal afirmación contradice lo dicho por él mismo, previamente, cuando manifestó que dos congresistas de Unificación Democrática consideraban que su "primera prioridad es el retorno del Presidente Zelaya", y que, por lo tanto, apoyaban el Acuerdo de San José.

Insulza también sostuvo que las declaraciones que ofreció el presidente Zelaya el día antes del arribo de la misión diplomática, en un canal de televisión de Honduras, eran declaraciones "bien fuertes (...) y no contribuyó mucho al clima de aceptación y mucha gente estaba muy exaltada".

Las declaraciones las habría ofrecido el Presidente Zelaya, en la eventualidad de que el Acuerdo de San José no se suscribiera, según indicó el Secretario General de la OEA le había expresado el propio mandatario.

Respecto a la reunión que sostuvo con el dictador hondureño, a quien en todo momento trató con deferencia,  Insulza señaló que "lo que ellos dicen es que el presidente Zelaya no era presidente en el momento de ser expulsado del país. Reconocen, sin embargo el grave error de haberlo sacado del país, porque la Constitución hondureña en su artículo 102 prohíbe la expatriación de cualquier hondureño. Pero dicen que tendrían que haberlo  detenido en virtud de una orden de detención, pero sin embargo lo sacaron".

Vale recordar que el 28 de junio el presidente Manuel Zelaya fue sacado de su casa a la fuerza por un grupo de militares y trasladado a la base estadounidense de Palmerola, para luego ser enviado a Costa Rica, sin existir orden de captura alguna.

Asimismo, es válido recordar que el régimen de facto, días más tarde de haber asestado el golpe de Estado en Honduras, mostró una carta de renuncia del presidente Zelaya, fechada tres días antes del golpe, el 25 de junio, misma que el mandatario hondureño negó haber suscrito.

Insulza también señaló que sostuvo una reunión "bastante extensa" con sectores de la sociedad civil que apoyan al régimen de facto de Micheletti, entre quienes se encontraban miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Unión Cívica Democrática; así como también se juntó con el Ministerio Publico, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Junta Directiva del Congreso Nacional y las bancadas principales (los cinco partidos representados en el Congreso) y con el Cardenal Primado de Honduras.

Durante la reunión con representantes de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romero Vásquez, llegó acompañado de su Secretario de Defensa Nacional, quien fue la persona que hizo la mayor parte de las declaraciones, indicó Insulza.

Señaló Insulza que la polarización en Honduras es tal, que el ex ministro de Defensa del Presidente Zelaya, Ángel Edmundo Orellana, quien renunció a su cargo tres días antes del golpe de Estado, por no estar de acuerdo con la instalación de la cuarta urna; después del golpe se puso a la cabeza de quienes lo rechazaban.

Recordó Insulza que el Gobierno de Estados Unidos suspenderá a partir de este miércoles su servicio de visas para los no migrantes en Honduras, excepto casos de emergencia, como forma de presión contra el régimen de facto.

La comisión que viajó a Honduras estuvo conformada por los cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana, junto con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

(VTV)