A pocos días de cumplirse 24 años de los hechos conocidos como El Caracazo, ocurridos los días 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que estos hechos constituyeron una expresión del terrorismo de Estado que prevaleció en Venezuela durante los 40 años de democracia representativa.

La afirmación la realizó durante el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, trasmitido por Radio Nacional de Venezuela, donde aseveró que este fue un hecho histórico que partió la historia en dos y marcó el renacimiento de la Patria. “El Caracazo fue una expresión de terrorismo de Estado de la Cuarta República, al que se le suman las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo”

La Fiscal General puntualizó que gracias a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se ha logrado acusar a cinco personas quienes se encuentran en las fases de juicio oral y público e intermedia.

Detalló que entre los acusados figuran el exministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro; el excomandante del Core 5, Fredis Ventura Maya Cardona; el ex comandante de la Policía Metropolitana (PM), José Rafael León Orsoni; y el ex segundo comandante de la PM, Luis Guillermo Fuentes Serra, quienes están en fase de juicio oral y público.

Adicionalmente, señaló que en fase intermedia se encuentra el exgobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas.

Ortega Díaz indicó que las cinco personas están acusadas por ser presuntos cómplices necesarios en el delito de homicidio intencional calificado y autores del delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.

Expresó que hasta la fecha se han realizado 125 exhumaciones; además de 223 inspecciones técnicas, labores con las cuales se ha permitido individualizar a 71 víctimas, entre ellas, los restos de Francisco Colmenares Zorrilla.

Dijo que la identificación de los restos se logró gracias al trabajo de los expertos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, quienes fueron los encargados de colectar las muestras de los familiares de las víctimas para hacer estudios comparativos de ADN.

En este sentido, Ortega Díaz expresó que estas labores de investigación fueron coordinadas por los fiscales 1° ante la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Néstor Castellanos; 4° ante la Sala Constitucional del TSJ, María Cristina Vispo; y 30° nacional auxiliar, Tulio Mendoza Pérez.

Refirió que en virtud de que los familiares de las víctimas no obtuvieron respuesta del Estado venezolano, debieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde donde se demandó ante la Corte.

La Fiscal General recordó el proceso burocrático que hubo desde 1995 y que fue en el año 1999 cuando comenzó a movilizarse el caso. “En esa oportunidad el presidente Hugo Chávez instruyó para que Venezuela admitiera los hechos para acortar el proceso y asumir la responsabilidad”.

De esta manera la CIDH se pronunció a favor de los familiares de 186 víctimas y condenó al Estado venezolano a iniciar las investigaciones, que se exhumen, identifiquen y entreguen los restos a sus parientes.

Resaltó que en el año 2010, el Ministerio Público creó la Comisión para investigar los homicidios torturas y desapariciones forzadas desde 1958 a 1998 en la cual se encuentran trabajando los fiscales nacionales 8°, 39° y 80°, y 83° del área metropolitana de Caracas, Mery Gómez, Juan Carlos Tabares, Elvis Rodríguez y Alba Martínez; por lo que los interesados pueden acudir a las oficinas en Caracas ubicadas en la esquina de Manduca a Ferrenquin.

Igualmente, indicó que está a la disposición la línea telefónica 0800-V607080 (8607080) para los usuarios que requieran información.

Escuela Nacional de Fiscales continúa formación

La Fiscal General informó además que a través de la Escuela Nacional de Fiscales se han capacitado a 507 educadores, con el programa de formación docente en el área de Violencia de Género.
A esta actividad se han incorporado a los educadores de los colegios ubicados en las parroquias caraqueñas de La Pastora, San José, Altagracia, San Agustín, Santa Teresa, La Candelaria, Antímano, Macarao, 23 de Enero y Sucre, entre otras.

Con relación a los talleres en el ámbito de justicia municipal, dijo que se han capacitado 2.922 funcionarios del Estado, entre ellos del Ministerio Público, Cicpc, Defensa Publica, Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional Antidrogas, policías municipales, Guardia Nacional Bolivariana, entre otros, a fin de que conozcan las competencias de las Fiscalías Municipales.