Los integrantes de los colectivos sociales acompañarán a los fiscales de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) en el proceso para la fijación de los cánones de alquiler, informó este martes la titular de este organismo, Ana Marina Rodríguez.

Se prevé que este miércoles el Ministerio de Vivienda y Hábitat publique el valor de reposición de los inmuebles destinados a arrendamientos para vivienda, expresado en bolívares por metro cuadrado. Este es el elemento que falta para la aplicación de la fórmula contenida en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que permitirá calcular el monto de los alquileres y los justiprecios de las casas que sean vendidas a inquilinos.

"Tenemos previsto realizar a nivel nacional un trabajo con los diferentes movimientos sociales para la aplicación de la fórmula. Vamos a tener al poder popular como inspectores en las calles, trabajando conjuntamente con los fiscales de la Superintendencia, para levantar la información que permita fijar y regular esos montos de los cánones", explicó Rodríguez en el programa Toda Venezuela transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

El valor de reposición (VR) es una de las variables contenidas en la fórmula que establece la Ley para definir el valor del inmueble (VI).

El VI, a su vez, sirve para que la Sunavi precise el canon de arrendamiento, que se determinará con base en una banda de entre 3% y 5% de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble, teniendo en cuenta también el tipo de arrendador (pequeño arrendador o multiarrendador).

El VR debe ser fijado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, despacho que recibió una propuesta para su fijación nacida del debate entre los movimientos sociales, la Sunavi y el Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), indicó la Superintendente.

"Esto permitirá adecuar los valores de los cánones a la realidad, partiendo de la aplicación de la Ley", dijo Rodríguez, quien añadió que también será utilizado para la revisión de los contratos de arrendamiento, los cuales deben contener la determinación del canon, una atribución exclusiva de la Sunavi.

Desalojos

La Ley establece cinco causales de desalojo, y la más importante es que el inquilino haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento sin causa justificada, lo que además implica que pierde los derechos consagrados en la normativa.

"Si un propietario desea que el inquilino desocupe el inmueble, lo menos que debe hacer es cometer situaciones que lleven a la perturbación de la posesión o desalojos arbitrarios", precisó, tras recordar que estas acciones conllevan sanciones.

El propietario que desee el desalojo de su inmueble, según las causales previstas en el instrumento jurídico, debe presentar un escrito de solicitud del procedimiento previo a las demandas ante la Sunavi. Ese proceso, además, debe seguir lo estipulado en el decreto Ley contra los Desalojos Arbitrarios. Incluye una audiencia conciliatoria en la Superintendencia para que las partes solventen sus diferencias y lleguen a un arreglo.

"Hemos logrado que se resuelvan conflictos en sede administrativa. Ha habido situaciones, por ejemplo, de inquilinos insolventes, y en las audiencias han logrado ponerse de acuerdo las partes y cesa la insolvencia. En otros casos, no hay acuerdo, y la institución debe habilitar la vía jurisdiccional", explicó Rodríguez.

Dado que la Sunavi nació con la ley, promulgada hace un año, las oficinas del Inavi en las regiones funcionan como espacio para la realización de diligencias relacionadas con los arrendamientos de vivienda.

"Estamos trabajando para fortalecer la institucionalidad, incorporar personas en nómina pero también personas del poder popular para que sean contralores sociales y participen activamente en tareas del funcionamiento de la institución", señaló.

Asimismo, Rodríguez resaltó que la normativa, la primera nacida bajo iniciativa popular en Venezuela, ha tenido un avance significativo en su primer año de vida.

"Se entendió el tema del arrendamiento como un problema de Estado", indicó y apuntó que la vivienda, que se había considerado anteriormente como un objeto de lucro, se ha transformado en un derecho humano, en un proceso que ha incluido a los movimientos sociales empoderados y corresponsables de la construcción de políticas en la materia.

Del mismo modo, hizo un llamado a la conciencia de propietarios e inqulinos para que ambas partes asuman sus responsabilidades. "No se justifica bajo ninguna circunstancia un desalojo arbitrario ni que un inquilino deje de cancelar sus cánones por mero capricho", destacó.

Regulación necesaria

Elízabeth Santos, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, refutó en el espacio televisivo la posición de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), que ha señalado que la ley es inaplicable.

Santos indicó que los propietarios solían redactar leyes de arrendamiento ajustadas a sus necesidades y de allí su rechazo a la nueva norma.

"Ese sector necesitaba regulación. El precio del metro cuadrado lo establecían los privados a través de un periódico, según las zonas. ¿Quiénes son ellos para determinar el precio del metro cuadrado en nuestra tierra?", cuestionó.

Asimismo, reiteró que el movimiento de inquilinos mantiene trabajo voluntario en la Sunavi y brinda orientación sobre el contenido de la ley a los ciudadanos en asambleas.